Venta de drogas a chicos con uniforme del colegio privado San Francisco de Asís, en Capital. También a presos del Penal de Chimbas. Prostitución. Robos a los clientes de las prostitutas con la supuesta ‘ayuda’ de un policía provincial. Compra de propiedades y vehículos con la sospecha de ser parte del lavado de dinero de ese negocio ilegal. Cómo se organizaba el grupo en sus niveles jerárquicos, como financiaban sus operaciones, quién proveía las drogas, quién revendía. Todos esos puntos quedaron al descubierto al cabo de 8 meses de investigación encarada por pesquisas de la sección Drogas Peligrosas de la Agencia Regional Federal Cuyo de la Policía Federal, a través de escuchas telefónicas, seguimientos, registros fotográficos y filmaciones de los puntos de venta y las maniobras de los miembros de esa banda liderada por el barrabrava del Club San Martín Elio Enrique Barrozo (39).
Gran parte del trabajo policial fue corroborado en la investigación judicial. Y por eso el juez federal subrogante Miguel Angel Gálvez, terminó por procesar con prisión preventiva a 7 de los 8 implicados del caso, luego de los 9 allanamientos realizados el último 15 de noviembre en Capital y Rawson, en los cuales secuestraron drogas, dos armas, cuatro autos, seis motos y unos 30.000 pesos.
El magistrado consideró que Barrozo es el líder de una asociación ilícita y principal proveedor de las drogas de dos importantes puntos de expendio, en Rawson y Capital. También le atribuyó participar en el saqueo de dinero y otros bienes de al menos un par de clientes de las prostitutas que, junto a su esposa Paula Edith González (43), regenteaba en tres casas prostíbulos que tienen en la ‘Rioja Chica’ en Concepción, Capital: una en Paraguay al 783 Norte y dos más en la ochava de Paraguay y Roca, según consta en el expediente. La pareja tiene otra casa más del IPV en el barrio Costa Canal II.
Por eso el juez ordenó investigar si las propiedades de la ‘Rioja Chica’, una Toyota Hilux, un VW Vento con prohibición para circular y una moto Yamaha 250cc son bienes adquiridos por Barrozo y González para lavar el dinero de las drogas y la prostitución. También están bajo la lupa un VW Gol y otra moto a nombre de un hijo de González y su pareja, por ahora no ligados a la causa, precisaron.
Los otros procesados son Hugo David ‘Gorila’ Molina (43); Carlos Eduardo ‘Carlinga’ Ferreyra (23), Diego Maximiliano Moreno (35), Daniel Hernán Tula Cano (31) y Diego Marcos Bedini (32). El único que despegó con falta de mérito fue Vicente Ariel Tula Cano, quien es defendido por el letrado Darío Amaya.
DENUNCIA ANÓNIMA:
Todo se inició con una denuncia anónima el 17 de marzo pasado, en la que se revelaba que Molina llevaba años vendiendo drogas (llegadas de Mendoza y una provincia del Norte del país) en el kiosco de su casa en Santiago Derqui al 169, en el barrio Güemes, Rawson. Y que siempre salía impune porque las cantidades importantes de estupefacientes se las tenía otro. Las escuchas establecieron que uno de los que ocultaba las ‘remeras verdes’ (medio kilo de marihuana) o las ‘remeras blancas’ (cocaína) era Héctor Daniel Montivero, apresado por policías provinciales el 5 de mayo con 2,729 kg. de cocaína y un revólver calibre 22.
Según el expediente, tras ese golpe Molina buscó a los colombianos Arturo Antonio Arcilla Bautista (26) y Milton Cesar García Muñoz (24), también sorprendidos por la Policía provincial el 10 de octubre pasado en otra casa del barrio Güemes, con casi un kilo de cocaína (hallaron tubitos) y una pistola 11.25.
En el medio, quedó al descubierto su vínculo con su proveedor Barrozo, quien esa vez le reprochó por la pérdida de drogas tras la captura de los colombianos.
A Molina se le atribuye tener un Peugeot 407 con prohibición para circular. Y la venta de drogas a por lo menos dos presos del Penal de Chimbas. El día del allanamiento, en su casa secuestraron unos 23.000 pesos.
Además de Molina, el otro distribuidor importante de la banda es para los pesquisas ‘Carlinga’ Ferreyra, compadre de Barrozo, el barra que tiene en su padrino de casamiento, Diego Moreno, a un colaborador incondicional.
A Ferreyra se le adjudica proveer y encargarse de la venta de drogas con Bedini y Daniel Tula Cano en Alberdi 250 Oeste, en la ‘Rioja Chica’, justamente el domicilio al que concurrían a comprar los chicos con uniforme escolar. A estos sujetos les secuestraron costosas motos cuya adquisición no pudieron justificar con un trabajo en blanco, precisaron las fuentes.
En la investigación también saltó el dato de un posible ‘financista’ de Molina, pero al final esa versión quedó pendiente de confirmación. Y aunque se llegó a establecer el vínculo de Barrozo con un policía provincial en el tema prostitución, ese punto sigue abierto en la investigación. El fallo del magistrado no está firme.