Natalia refriega sus manos, balancea su cuerpo y las palabras se le atragantan. Los nervios se reflejan en su rostro con cada frase, hasta que no aguanta más y llora, amargamente. No es para menos. Hace cinco meses que toda su familia (su marido y tres hijos, más la pareja del mayor con su beba de 3 meses) viven amontonados en una pequeña habitación de 4×4 metros que les presta el suegro de Natalia en el fondo de su casa, en la Villa Centenario, en Chimbas. Allí, la incomodidad se multiplica porque ese fondo colinda a ambos costados con el de vecinos que tienen corrales con animales y cuando el sol aprieta un poco, los olores se vuelven insoportables. Desde hace cinco meses deben compartir el baño y la cocina con otros familiares y ya no quieren vivir más así. La angustia se profundizó por el gélido invierno y la pandemia que complicó laboralmente a Raúl. Y parece agigantarse cada vez que piensan que no tienen por qué pasar tantos problemas, pues tienen una casa en el Lote Hogar Nº8, en Chimbas, cuya compra les generó un gran dolor de cabeza: cuando estaban a punto de mudarse, un familiar del vendedor se las usurpó y no quiso desalojarla. Natalia Bustos (40) y su marido Raúl Castro (45) no apelaron a la violencia porque confían en la Justicia. Denunciaron el hecho en la Policía y hasta hoy esperan con angustia una solución del Primer Juzgado Correccional.
Todo ocurrió el 10 de marzo. Vieron la oferta de la vivienda por Facebook y se decidieron: cada peso ahorrado con el trabajo de carpintero del dueño de casa y la apurada venta de una moto, sumaron para juntar $240.000 y sellar trato con Dante Olivera.
"Fue una operación legal, con documentos firmados ante escribano", confirmó uno de los abogados de la familia, Juan Humberto Fonzalida.
Aquel 10 de marzo, Castro esperó a que el vendedor sacara la mayoría de sus cosas y se quedó en la vivienda hasta los primeros minutos del otro día. Se fue a dormir y regresó a eso de las 7 para empezar la mudanza, pero se topó con un sujeto de apellido Ríos (pariente del vendedor), que les salió con algo inesperado: le dijo que la casa era suya y que no se iría. Ni los papeles que le mostraron para acreditar la propiedad lo hicieron desistir y desde entonces los Castro Bustos atraviesan una larga y angustiosa lucha para recuperar la vivienda, con un pacífico reclamo judicial.
"Mi marido está medicado porque hasta depresión le dio con este problema. No exigimos nada de otro mundo, sólo Justicia, que nos devuelvan nuestra casa porque trabajamos y ahorramos para conseguirla y no es justo que vivamos de prestado, amontonados y pasando tantas penurias. Necesitamos una solución", reclamó Bustos.