El oficial ayudante Miguel Diego Galván Lucero (33) sigue cosechando problemas. Está bajo la lupa, sospechado de lesionar a golpes a un hijo suyo. Y el 3 de enero pasado quedó preso (luego de darse a la fuga, dijeron) con tres meses de prisión preventiva, porque otros policías lo acusaron de lesionar indebidamente a un detenido días antes (el 28 de diciembre) en un descampado de Rawson. Así, preso, volvió a Tribunales ayer con una colega, la cabo Yohana Aylén Riveros Aballay (32) para empezar a ser investigado en otra causa penal: la presunta desobediencia a una orden judicial de Galván y el supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionario que, al igual que su colega, cometieron en el resonante caso del exdirector de Relaciones Institucionales del Ministerio de Turismo, Nahuel Fernández (36), denunciado y aún investigado por lastimar a golpes a su expareja, la madrugada del pasado 31 de agosto en la casa del exfuncionario.
La actuación presuntamente irregular de ambos policías justamente en ese caso, fue lo que pidieron investigar ayer el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Adrián Riveros, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. La teoría fiscal es que Galván le informó a un ayudante fiscal de la UFI Cavig que el sujeto (Fernández) estaba preso, pero luego negó que eso fuera así y, al cabo de 5 contactos telefónicos, desobedeció las órdenes e instrucciones que le impartieron, principalmente, la de aplicar el protocolo para casos de violencia de género, que incluía la detención del sospechoso y llevar a la víctima a Cavig para que denuncie.
Según Fiscalía, esa vez, no detuvieron al exfuncionario y le dijeron a la mujer que se fuera en su moto para que denunciara cuando estuviera más tranquila. La mujer fue más directa al decir que los policías no quisieron detener a Fernández esa madrugada.
CONTRAVERSIÓN
En su descargo, el oficial aseguró que esa vez informó que había un detenido porque, al llegar, vio un sujeto en un móvil que resultó no ser el funcionario y que por esa razón después negó que Fernández estuviera preso. Aseguró que no lo detuvieron de todos modos porque estaba dentro de su casa, detrás de las rejas y no tenían orden judicial. Y porque él decía que ella lo había atacado cosa que le pareció cierta porque lo vio lesionado. También dijo que pidió una ambulancia para la mujer porque observó su rostro con sangre, pero personal sanitario determinó que era sangre con saliva que le arrojó Fernández.
Además, dijo que le ofreció a la mujer llevarla al Cavig o a la comisaría y de ahí al Cavig, pero que ella no quiso y estaba muy molesta porque quería que detuvieran a Fernández.
A su turno, la cabo Riveros insistió en que jamás dejaron de asistir y contener a la supuesta víctima y aseguró que cuando la mujer dijo que no lo detenían a Fernández por ser funcionario, recién entonces se enteraron que ese hombre trabajaba para el Gobierno.
La audiencia de ayer comenzó con una pequeña demora, pues el juez Federico Rodríguez se excusó de actuar en la causa por ser cercano del exfuncionario. En su reemplazo intervino el juez Alberto Caballero, quien adhirió al pedido fiscal de dictarle prisión preventiva al oficial, pero no por 6 meses como pretendían los acusadores sino por 30 días. Para la cabo Riveros, el magistrado aceptó la petición de Fiscalía de que se someta al proceso cada vez que sea citada y que, una vez por mes, se presente en la comisaría más cercana a su casa.
El defensor, Gustavo Sánchez, había pedido la libertad de Galván porque -dijo- no se fugará ni entorpecerá la investigación. También aseguró que ambos policías fueron sobreseídos en un sumario abierto en la oficina de Inspección y Control de Gestión, donde no detectaron que sus clientes hubieran cumplido una actuación irregular en el caso Fernández. Ahora, podrá reclamar ante un Tribunal de Impugnación.