El polémico caso de un electricista de 35 años condenado a 12 años por violar a su propia hija (entre los 13 y los 14 años) metiéndole los dedos, volvió a quedar en el centro de las críticas en los pasillos del edificio del Poder Judicial. Es que la Corte de Justicia confirmó esa sentencia y la dejó firme, pero el acusado había sido liberado tras recibir el castigo y cuando los policías salieron a buscarlo para que lo cumpliera, no pudieron encontrarlo por ningún lado. Es más, muchos creen que ya no está en la provincia, informó la fiscal que investigó esa causa, Ingrid Schott, de la UFI Anivi.
El caso había sido denunciado por la propia niña (hoy de 16 años) el 11 de enero de 2022. Ese día, salió de su casa con la excusa de que iba a hacer gimnasia con una amiga, pero fue hasta una estación de servicio y de allí llamó al 911 para decir que su hermano (es investigado en la Justicia de la Niñez) y su padre abusaban sexualmente de ella.
La madre de la niña nunca le creyó. De hecho la menor ahora no está en su casa sino en un hogar del Estado.
El hecho fue polémico desde un principio, porque la propia madre de la niña nunca le creyó y defendió a su pareja. Una versión indica que esa mujer hasta amenazó a una de sus hijas mayores para que dejara de darle apoyo a la menor. Tan increíble resultó a nivel familiar el conflicto, que la menor fue a parar a un Hogar de Menores y allí se encuentra todavía, mientras su padre pudo volver a su casa, cuando lo usual es que los abusadores sean excluidos del hogar.
El 13 de febrero pasado, al cabo del juicio, los jueces Verónica Chicón, Juan Gabriel Meglioli y Eugenio Barbera compartieron los argumentos de la fiscal Ingrid Schott y condenaron al electricista a cumplir 14 años de cárcel, por considerar acreditadas las violaciones, a las que calificaron como agravadas, por el vínculo, por la convivencia y por causar un grave daño en la salud mental de la chica.
También ordenaron encerrarlo con prisión preventiva hasta que quedara firme el fallo, pero el defensor Federico Petrignani impugnó esa parte de la sentencia y, el 16 de marzo, el fallecido juez Fernando Echegaray y Juan Carlos Caballero Vidal lo dejaron en libertad. La jueza Ana Lía Larrea votó por dejarlo preso.
El defensor también había impugnado la condena, luego de cuestionar las pruebas de Fiscalía y los argumentos del tribunal que castigó a su cliente. Pero el 5 de julio pasado, el mismo juez Echegaray, la jueza Larrea y su par Benedicto Correa confirmaron la sentencia del tribunal que enjuició al electricista, aunque consideró que no se acreditó el grave daño en la salud de la menor y le rebajó el castigo a 12 años.
El acusado siguió en libertad, porque su Defensa pidió ante el mismo tribunal (así lo manda la ley procesal) que lo dejaran llegar con su reclamo a la Corte de Justicia. Sin embargo, le rechazaron el planteo y por eso llegó al máximo tribunal a través del único reclamo que le quedaba: "Queja por recurso denegado".
De todos modos, el máximo tribunal rechazó ese planteo y el 6 de diciembre pasado, los jueces que juzgaron y condenaron al acusado ordenaron buscar y detener al electricista para que empiece a cumplir su condena de 12 años, pero los policías no pudieron encontrarlo por ninguna parte. Y estallaron otra vez las críticas hacia los magistrados que dejan libres a los condenados, con el argumento de que el fallo aún no está firme.
El sujeto buscado pasó dos meses preso en total: un mes al comenzar la investigación y otro más luego de ser condenado. En ambos casos su defensa apeló y en el Tribunal de Impugnación le concedieron la libertad.