San Juan, 21 de abril.- La policía detuvo ayer por orden del juez José Atenágoras Vega (Cuarto Juzgado de Instrucción) a Pedro Roldán, Marcos Barragán y Miriam Alejandra Quiroga, luego de que en la Central de Policía recibieran 22 denuncias de personas que dijeron haber sido estafadas con montos de entre 7.000 y 15.000 pesos por carpetas de casas en al menos cinco barrios del IPV, que los sospechosos prometían entregarles aduciendo convenios con ese organismo oficial provincial, informaron anoche fuentes del caso. Los mismos denunciantes aseguran que las víctimas son 206 y estiman que el supuesto fraude supera el millón de pesos.
Hoy, esas familias, se reunieron en el Centro Cívico, para dialogar con el interventor del IPV, Vicente Marrelli, quién les dijo que desde el Gobierno están colaborando con la justicia en la investigación.
Marrelli manifestó que "esto perjudica al organismo, que está trabajando bien", al tiempo que desestimó cualquier conocimiento o acción del ente que interviene en el hecho.
Manifestantes aseguraron que en el cúmulo de pruebas obtenidas por la policía existen escuchas que "comprometen definitivamente a funcionarios como partícipes de la maniobra".
Los damnificados exhibieron la copia del contrato modelo que firmaba cada supuesto adjudicatario con los representantes del Movimiento Agropecuario de San Juan. En el documento aparece el sello de una escribanía local. Uno de sus responsables, Alejandro Luluaga, señaló que "su tarea se limita a la certificación de las firmas de los contratantes, y no tiene nada que ver con refrendar el contenido".