Un hombre de 43 años que padece cuadriplejía fue detenido el martes por divulgar pornografía infantil y ayer el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro le dictó 9 meses de prisión preventiva, a cumplir en su casa por sus problemas de salud.
Su nombre es Elio José Vila y vive en Santa Lucía. Ayer, asistido por el defensor Jorge Antonio Olivera Legleu, se negó a declarar. Optó por eso luego de escuchar la acusación del fiscal Duilio Ejarque y de su ayudante Daniela Pringles (UFI Anivi), quienes le imputaron el delito de publicación y divulgación de pornografía infantil, agravado porque en ese material aparecen víctimas menores de 13 años.
El caso fue alertado mediante un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). La acusación indica que el día 7 de mayo de este año, a las 21.05, Vila envió desde su perfil de Facebook (a través de Messenger) tres videos con material de abuso y explotación sexual infantil a un contacto suyo. En los videos aparecen dos menores de 9 años y dos más de 12 y 15 años.
El último martes los pesquisas allanaron la vivienda del sospechoso y secuestraron tres celulares, una tablet, una CPU, tres pendrives y una notebook. Todo eso ahora será peritado por especialistas en informática, una prueba clave para saber, por ejemplo, si guardaba más archivos comprometedores.
Otro informe con el que ya cuentan los fiscales es el del médico psiquiatra que analizó a Vila. Ese profesional concluyó que los problemas de salud de Vila son solamente de motricidad (se moviliza en silla de ruedas) y no mentales, por lo que puede responder penalmente. En ese sentido, fuentes judiciales señalaron que el hombre no es ningún novato en asuntos digitales y de la red. Explicaron que, además de definirse como disk jockey (DJ), se dedica a resolver problemas informáticos y practica juegos online.
Fiscalía solicitó un año para investigar y el mismo tiempo de prisión preventiva en el domicilio. Por la otra vereda, el defensor pidió que los plazos se acortaran a 6 meses. El juez finalmente resolvió fijar 9 meses y dispuso que el imputado debe ser controlado mediante rondas policiales diarias.