Un poco de agua y tíner fueron suficientes para sacar la pintura roja en el aerosol con la que, en la madrugada del 29 de julio pasado, habían manchado todo el costado izquierdo del Renault Logan del cabo primero Néstor Páez (del CISEM, 911). Eso dijo el chapista que lo limpió, con un agregado clave: el material que extraño no provocó ningún daño en la pintura original del vehículo. Y el mismo dueño de ese auto también declaró lo mismo en la UFI de Delitos Especiales que investiga el caso.
Ambos testimonios son para la defensa, la prueba más contundente de que el oficial inspector Gastón Darío Cuello y el cabo Gerardo Andrés Albarracín (Comando Radioeléctrico) no cometieron el delito que, en principio, la Fiscalía creyó que se había cometido: daño agravado en venganza contra las determinaciones de la autoridad policial, confirmó el defensor de unos de los imputados, el abogado Claudio Vera.
Durante la audiencia en la que ambos efectivos empezaron a ser investigados, Vera había dicho que no hubo delito. Y el defensor del otro implicado Gustavo Sánchez, argumentó que en todo caso hubo una contravención (o falta) pero no un ilícito. Y por eso pidió que el caso pasara a la Justicia de Faltas.
El testimonio del chapista y la declaración del denunciante, servirán para que la Defensa insista con un pedido de sobreseimiento de ambos policías. Y ahora Fiscalía debe decidir si desiste o no de la imputación contra Cuello y Albarracín.
Ambos quedaron en la mira de la pesquisa porque las cámaras del CISEM detectaron que habían sido dos sujetos uniformados los que, la madrugada del 29 de julio pasado, llegaron en moto hasta las cercanías del auto de Páez. Y revelaron también la patente de la moto, que resultó ser de uno de los ahora investigados. Páez había informado que, días antes, ambos habían estado un largo rato quietos en lugar de patrullar.
‘Estamos convencidos de que no hubo delito y vamos a insistir con el pedido de sobreseimiento. Al denunciante, de última, le quedará la vía (de la Justicia) Civil, si acaso considera que debe percibir una indemnización por daños y perjuicios’, aseguró Vera.
Más allá de la investigación penal, Cuello y Albarracín también enfrentan una investigación administrativa que evaluará su conducta laboral, y que puede tener un resultado no tan alentador.