‘Sinceramente el perdón se lo tendrá que dar Dios, porque antes, durante y después del juicio se manejó impunemente, manchando la reputación de mi esposa, poniendo en boca de ella cosas que no dijo. Ahora -al final del juicio- esperábamos que pidiera disculpas, pero no lo hizo y eso habla mucho de la clase de persona que es’. Lo dijo ayer Diego Salinas, el esposo de Valeria Robles, la instrumentadora quirúrgica de 39 años que murió el 19 de agosto de 2018, luego de ser sometida a una cesárea de urgencia por sus problemas de hipertensión para dar a luz a su tercer hijo. Ese parto ocurrió tres días antes, el 16 de agosto, en la Clínica Mayor, y enseguida sufrió un ACV hemorrágico en ese lugar, en el que no había ni drogas ni aparatos para el cuidado intensivo de pacientes con ese empeoramiento crítico de su salud.
Ayer, el juez de la Unidad Conclusiva de Causas, Ricardo Moine, consideró probada la teoría de la fiscal Claudia Salica y de María Cristina Naveda (abogada de la familia de la víctima). Y condenó al médico ginecólogo, Ricardo Daniel Ortiz (57) a 3 años de cumplimiento condicional (sin detención) y a 6 años de inhabilitación para ejercer como médico, por el ‘homicidio culposo’ de su paciente.
Diego Salinas aseguró que esperaba el máximo solicitado por las acusadoras (incluía 10 años de inhabilitación), pero se mostró conforme con el fallo: ‘se comprobó que actuó mal, si hubiera hecho lo correcto a Valeria la tendríamos con nosotros. El fallo nos trae alivio, algo de paz y también tristeza porque a Valeria ya no la vamos a tener más’, dijo.
Previo a escuchar el fallo en su contra, el ginecólogo tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras, pero nada dijo. Su defensor, Federico Aguiar, había pedido su absolución porque consideró que su cliente había actuado de manera correcta y que el hecho de que la víctima sufriera un ACV no era una consecuencia atribuible al médico.
El mismo Ortiz dijo que había intervenido en más de 1.000 nacimientos, que había atendido a cientos de mujeres hipertensas y que lo de Robles fue una ‘fatalidad’, porque científicamente está probado que luego del parto, los síntomas hipertensivos ceden y tienden a estabilizarse.
Además, aclaró que la obra social de la paciente cubría la atención en la Clínica Mayor, que él le explicó que podía recurrir a un lugar con cuidados intensivos y la propia paciente decidió quedarse en ese lugar aquel 16 de agosto de 2018, cuando fue internada de apuro por sus altos niveles de tensión arterial, porque en realidad la cesárea estaba prevista para el 20 de agosto.
Afirmar que la propia paciente decidió quedarse en la Clínica Mayor, fue desmentido por su marido (‘es mentira, si hubiéramos sabido la llevábamos a otro lugar’, dijo) y fue calificada como una expresión ‘repugnante’ por parte de la fiscal Salica, por atribuirle dichos a alguien que ya no puede defenderse.
Ayer, el defensor anticipó que buscará revertir la decisión del juez en la Corte de Justicia.