El ingeniero Fernando De Stéfano volvió a ser desligado de la sospecha de ser responsable de la muerte de un capataz de su empresa, que sobre las 11 del 5 de octubre del año pasado pasó de largo al ceder parte del techo de acrílico que colocaban en el histórico club de básquetbol Urquiza, en Capital, porque no estaba sujeto a ninguna línea de vida.

Sergio Contreras (47) murió un día después por las heridas irreversibles que sufrió al estrellarse contra el piso tras recorrer en caída libre 9,5 metros. Ayer, el juez Juan Gabriel Meglioli consideró que no había certeza sobre la autoría del ingeniero en el delito de homicidio culposo por presunta negligencia o no cumplir sus deberes sobre normas de seguridad. Y lo absolvió por el beneficio de la duda.

‘Entiendo la congoja de Gabriela (Ayllón, esposa de la víctima) y su familia…. para todos esto fue terrible, muy conmovedor, pero creo que no es justo cargar con la culpa de un accidente… nosotros siempre cumplimos con las medidas de higiene y seguridad’, dijo De Stéfano antes del fallo que lo desliga, que aún no quedó firme.

El fiscal Renato Roca y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi (UFI de Delitos Especiales) solicitaban 1 año de pena sin encierro y 5 años de inhabilitación, petición a la que adhirió el abogado de la familia de la víctima, Nicolás Sánchez.

El fallo contra el ingeniero aún no está firme

Fiscalía consideró que De Stéfano debía ser condenado porque en el contrato asumía la responsabilidad de la ejecución de las medidas de seguridad en la obra. Y porque estaba al tanto de las faltas de cumplimiento por parte de los operarios, incluido el propio Contreras, y nunca hizo nada para ponerle freno a esa situación: en el momento de la caída, la víctima no estaba sujetada a una línea de vida, eje de la discusión.

Los defensores Marcelo Fernández y Franco Montes insistieron en que su cliente no cometió ningún delito y que durante el juicio se probó que el único responsable fue la propia víctima, ‘pese a quien le pese’, había dicho Fernández.

De Stéfano había sido desligado con un primer sobreseimiento solicitado por el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, por entender que la propia víctima se autopuso en peligro.

Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima reclamó, el sobreseimiento fue revocado por un juez y el ingeniero tuvo que ir a juicio.

Antes de que concluyera el juicio, la esposa de la víctima tuvo la oportunidad de hablar: ‘Fueron muy dolorosos los momentos que pasamos, me corrieron de mi propia casa, tuve que limpiar cunetas y no tener nada de comer para Navidad. Soy empleada doméstica, pero tengo dignidad y la frente bien alta, lo único que pretendo es Justicia’, había dicho Gabriela Ayllón, entre lágrimas, precisando además que su marido no recibió ni ropa para trabajar y hasta puso sus herramientas, que nunca le devolvieron.