La policía detuvo ayer por orden del juez José Atenágoras Vega (Cuarto Juzgado de Instrucción) a dos hombres y la madre de uno de ellos, luego de que en la Central de Policía recibieran 22 denuncias de personas que dijeron haber sido estafadas con montos de entre 7.000 y 15.000 pesos por carpetas de casas en al menos cinco barrios del IPV, que los sospechosos prometían entregarles aduciendo convenios con ese organismo oficial provincial, informaron anoche fuentes del caso. Los mismos denunciantes aseguran que las víctimas son 206 y estiman que el supuesto fraude supera el millón de pesos.

Ayer, el interventor del IPV, Vicente Marrelli, negó de plano la existencia de tales convenios con ese movimiento y recomendó a la gente en la misma situación realizar la denuncia en la policía: "nosotros no podemos hacer nada", dijo Marrelli (Ver aparte)

Los detenidos fueron identificados como Pedro Roldán, Marcos Barragán (que según las fuentes cayó en 2004 por un presunto chantaje la empresa Barrick, ver El Dato) y la madre de este último, Miriam Alejandra Quiroga, presunta secretaria de otro hombre sobre el cual pesa una orden de captura porque ayer fue buscado pero no pudo ser localizado, Carlos Alberto Albornoz.

Los allanamientos, comandados por el jefe de Policía, comisario general (RE) Miguel González, fueron cinco en total en Rawson y Capital, y además de la detención de los sospechosos terminaron con el secuestro de computadoras, una camioneta Toyota, carpetas con documentación y algunos datos claves para el caso, como cuentas de importantes depósitos bancarios, precisaron las fuentes.

Los detenidos, según los denunciantes, aparecían como las cabezas visibles y eran supuestos representantes del "Movimiento Agropecuario Provincial", una entidad político social que, según la página web del movimiento nacional del que dependería, lucha por los derechos de los pequeños productores y las comunidades de pueblos originarios.

Ayer se investigaba cómo fue que la gente fue tentada con la promesa de la casa propia. De todos modos la propuesta parecía tentadora, porque el mismo Albornoz habría realizado una declaración ante un escribano público, de que había hablado con el gobernador, que éste le prometió casas del Plan Federal II y le recomendó canalizar la gestión a través de la Dirección de Adjudicaciones. En el mismo escrito consta que Albornoz, o en su caso Barragán o Roldán recibirían los cobros de los importes por las carpetas, dijeron las fuentes.

Pero ayer Barragán y Roldán habrían dicho a los pesquisas que también fueron víctimas de Albornoz. La suerte de cada uno está ahora en manos del juez. Anoche no se descartaban nuevas detenciones.