El resonante caso de los "narcopolicías" de la Seccional 17ma quedó ayer lejos de la hipótesis de que un comisario y cuatro de sus subalternos, fueron partícipes de un comercio agravado de drogas en complicidad con un narco de Chimbas, al que le pedían datos de otros narcos para quitarles la droga y dársela a él para que la revendiera y repartieran las ganancias. Esa fue la acusación por la que cayeron el comisario Rodolfo Andrada, el oficial Franco Cristofoletti y los otros tres integrantes de la brigada de calle de la seccional: el cabo Martín Leonardo Tello y los agentes Juan Antonio Figueroa y Juan Alberto Poblete. Y en base a escuchas telefónicas, hablaba de que, con esa modalidad, comerciaron drogas entre marzo de 2016 y hasta el 21 de marzo de 2017, cuando el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó apresarlos y allanar la seccional en la que encontraron, en un mueble de la oficina de la brigada unos 22 gramos más 5 porros de marihuana. Y en un auto incautado a un particular, otros 53 gramos.
Sin embargo ayer la fiscal federal subrogante, Gema Guillén, le aplicó un giro poco esperado al caso al considerar que no se probó el comercio. Es más, desligó a Andrada de cualquier vinculación con la droga y pidió castigarlo con 2 años, por incumplir sus deberes de funcionario al no controlar a sus subalternos por los estupefacientes. Y no se opuso al pedido de excarcelación de su defensora Adriana Cabrera. Por eso anoche Andrada fue liberado por los jueces del tribunal federal Hugo Echegaray, Alberto Carelli y María Paula Marisi.
En su planteo, la fiscal pidió que Cristofoletti, Tello y Poblete sean condenados a 4 años y 6 meses de cárcel por tenencia de droga, por sustracción de medios de prueba, por falso testimonio e incumplir sus deberes de funcionario público. A Figueroa lo acusó de los mismos delitos y también por acopio de municiones y la tenencia ilegal de dos DNI. Para él pidió 6 años igual que para Juan Francisco Ramos Olaya, el único al que consideró autor de comercio de drogas.
Tras escuchar el alegato fiscal, el defensor oficial Esteban Chervin, Adriana Cabrera y sus colegas Franco Montes, Marcelo Fernández y María Noriega, pusieron el grito en el cielo. Pidieron anular parcialmente el planteo fiscal y el pedido de pena, porque consideraron que "no fue congruente" con la acusación inicial del caso y al imputarles "delitos nuevos" violó su derecho de defensa. También criticaron que no fundamentara porque pidió "penas exageradas". Todos solicitaron la absolución de sus defendidos.
El próximo viernes, el tribunal dará a conocer su sentencia.