Un comisario, dos oficiales, un cabo y un agente comenzaron a ser juzgados ayer en el Tribunal Oral Federal, acusados de comercio de estupefacientes, agravado por el número de integrantes y por su condición de policías, es decir por ser funcionarios encargados de prevenir y combatir ese flagelo en lugar de organizarse con al menos un narco, para sacar sacar un provecho económico, tal como sostiene la acusación fiscal.
Los acusados en cuestión son el comisario Rodolfo Oscar Andrada (exjefe de la Seccional 17ma.) el oficial subinspector Franco Gabriel Cristofoletti, el cabo Martín Leonardo Tello, el oficial ayudante Juan Antonio Figueroa y el agente Juan Alberto Poblete, los cuatro últimos integrantes de la brigada de calle de la comisaría chimbera. El otro acusado es Juan Francisco Ramos Olaya, presunto narco.
En el inicio del debate se leyó la acusación, en la que se sostiene la sospecha de que los policías de calle de la Seccional 17ma. se dedicaron, básicamente entre marzo de 2016 y marzo de 2017, al comercio de drogas con una modalidad definida: realizaban allanamientos para encontrarla, se quedaban con el dinero hallado y parte de la mercancía que luego le daban a Ramos Olaya para que la revendiera y repartirse con él la plata de esas ventas.
Para que el ‘negocio’ funcionara, Ramos Olaya debía delatar a otros narcotraficantes, a los que los policías les caían luego para quitarles el dinero y parte de las drogas.
Para la Fiscalía, los hechos eran conocidos y amparados por Andrada. Y se probaron con escuchas telefónicas, el secuestro de marihuana en la misma seccional, testigos y otras evidencias. Ayer, también se leyeron los descargos de los imputados, en los que negaron toda vinculación.
El escandaloso caso se descubrió por escuchas telefónicas que terminaron en la condena de otros tres policías y dos narcos, dedicados al mismo negocio ilegal.