El último sospechoso de la resonante investigación por trata de personas y otros delitos ligados a la prostitución que se inició en abril del año pasado, fue detenido en Río Ceballos, Córdoba. Y luego de negar su vinculación a ese caso que tiene a su mujer y a un empleado suyo detenidos, fue trasladado al Penal de Chimbas por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo, informaron fuentes judiciales y César Jofré, abogado defensor de ese sujeto, Cristian Valverde.
El caso fue resonante porque implicó allanamientos de distintas fuerzas de seguridad en 16 prostíbulos de San Juan. Y tuvo una derivación inédita ya que por primera vez el juez procesó a 6 sospechosos por el delito de trata de personas, una figura que contempla como ilegal el hecho de captar mujeres dentro o fuera del país, trasladarlas y ocultarlas para someterlas a la explotación sexual u otros fines ilegales.
En ese mismo fallo hubo otros 10 procesados por promover el negocio de la prostitución o la explotación sexual. Esta última figura fue la que el magistrado atribuyó a la mujer de Valverde, María Martín, y a su empleado Pablo Pereyra, quienes aún siguen presos a pesar de que les enrostran un ilícito excarcelable.
‘Mi cliente era la última persona prófuga en esta causa y fue detenida el 18 de julio pasado. Ya declaró que nada tiene que ver con los hechos que le atribuyen, porque está probado que alquilaba a cuatro mujeres un local para que ejercieran la prostitución y otro más a otras tres en avenida Rawson, en Capital. Y ellas no eran explotadas, se movían libremente, tenían sus teléfonos y pagaban las multas cuando les clausuraban los locales por ejercicio ilegal de la prostitución o casa de masajes’, dijo el abogado Jofré.
A pesar de la versión del defensor y su intención de conseguir la libertad de su cliente, otras fuentes del caso informaron que dos de esas mujeres complican con sus testimonios a Valverde, pues ya declararon que eran golpeadas, maltratadas explotadas por el sospechoso.