La maniobra es conocida por los policías pero hacía mucho que no recibían denuncias. Hasta el martes, cuando un ingeniero denunció que, apenas horas después de la llamativa retención de su tarjeta de débito en la ranura del cajero automático del Banco Nación de Urquiza y Libertador, Capital, y la aparición de una mujer que ofreció su celular para que denunciara el problema, chequeó por internet su historial de cuenta y notó tres movimientos que no había hecho: una extracción por $1.000 y dos gastos por $120 y $150.
Parecía un caso aislado, hasta que el miércoles en la mañana otro hombre denunció que perdió unos $1.000 con igual modus operandi en un cajero del Banco San Juan de la estación de servicio de General Acha y Abraham Tapia, Capital, y entonces se encendió la alarma y ayer desde la policía salieron a recomendar no caer en la trampa de dar datos personales a cualquiera y llamar urgente a la policía.
Por ahora se registran dos denuncias, pero ayer se analizaba también otro caso similar en el cajero de Tribunales, dijeron fuentes de la investigación.
El primero en denunciar fue un ingeniero de apellido Mut. Según las fuentes, el martes a las 10 fue a realizar una extracción y para su disgusto comprobó que la tarjeta se había trabado de tal manera que no hubo forma de sacarla. Hasta que de repente apareció una mujer que le preguntó si antes le había pasado, que lo conveniente era denunciar al número que aparecía en el monitor del aparato y que le dictara ese número porque ella le prestaba su celular para llamar.
Cuando el ingeniero tomó el celular de la mujer, cayó en la trampa: del otro lado un cómplice respondió que se había comunicado con la red Link y empezó a pedirle datos personales, hasta conseguir que le diera el PIN. Después le dio un falso número de denuncia, le avisó que su tarjeta quedaría inhabilitada y que al otro día fuera a reclamar al banco. El profesional se fue dejando su tarjeta y ahí los delincuentes cerraron el círculo: la sacaron con el objeto que metieron en la ranura para retenerla y se pusieron a gastar.
La otra víctima fue un hombre de apellido Illanes y su situación fue un calco a la del ingeniero, aunque se salvó de que sacaran un préstamo a su nombre. Creen que los delincuentes actúan en cajeros sin cámaras y que son de otra provincia. La investigación de las estafas es dirigida por la juez de Instrucción María Inés Rosselot.

