Casi cuatro meses después del escandaloso hallazgo de camionetas, autos, motos robadas y autopartes en dos desarmaderos clandestinos de una bodega y una finca de Ullum, el resonante caso de la "mafia de las 4×4" se trasladó a Gualcamayo, Jáchal, el segundo campamento de explotación minera más importante de la provincia, en busca de vehículos robados.
El allanamiento fue ordenado por la titular de la investigación, María Inés Rosselot (Quinto Juzgado de Instrucción), y en la práctica es dirigido por el jefe de policía, comisario general (RE) Miguel González, quien empezó a trabajar el lunes a la tarde al mando de una comisión de policías.
Fuentes judiciales estimaron que hay unas 200 camionetas para revisar en ese emprendimiento, pero la orden es controlar todos los vehículos, misión que esperaban finalizar ayer o a más tardar hoy.
Todo se inició el 12 de julio pasado; y luego de secuestrar unos 30 vehículos, centenas de autopartes e indagar a unos 20 sospechosos, la jueza Rosselot había resuelto apartarse de la investigación por considerar que no era competente, ya que en el curso de la pesquisa encontró pruebas sobre adulteración de documentos de identidad y de vehículos atribuidos a Guillermo Criscuolo, aún prófugo y considerado el líder de una asociación ilícita.
Y como la falsificación de ese tipo de documentos es un delito federal, consideró que prevalecían sobre otros a cargo de la justicia provincial, como el robo o la asociación ilícita. Así le pasó los 16 cuerpos del expediente al juez federal Leopoldo Gallo, pero este magistrado también rechazó intervenir.
El conflicto de competencia entre jueces ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la jueza Rosselot sigue al mando de la investigación porque la misma ley establece que cuando surja ese conflicto, debe continuar con la pesquisa el primer juez que intervino.
Anoche, se esperaba un balance de los primeros allanamientos en Gualcamayo.