Un empleado judicial es acusado de una presunta estafa por más de un millón de pesos con la venta de una docena de lotes que pertenecían a una persona fallecida. Él decía ser el apoderado del dueño de los terrenos y supuestamente utilizó un poder falso en nombre de esa persona para vender las propiedades en la zona de Santa Lucía, al precio 100.000 pesos cada una. La maniobra fue denunciada por un escribano que detectó irregularidades en la documentación. Los compradores de esos lotes aún no se enteraron que los engañaron.

Fuentes judiciales y policiales revelaron que el principal sospechoso es Juan Carlos Obredor Balmaceda (37), quien trabaja en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de la provincia. El juez Alberto Benito Ortíz, a cargo momentáneamente del Quinto Juzgado de Instrucción, ya había pedido su detención, pero el hombre se adelantó y presentó un pedido de eximición de prisión, lo que lo salvó de ir preso.

Fuentes del caso indicaron que Obredor Balmaceda, a través de la revista Reventa, ofrecía lotes situados en calle Gorriti, entre Lencinas y Acceso Este, Santa Lucía. El precio era atractivo por la buena ubicación, dado que pedía 100.000 pesos, comentó un investigador. El empleado judicial se presentaba como apoderado de Orlando Adárvez, el dueño del terreno, y así vendió una docena de lotes, explicaron fuentes judiciales.

Cuando los compradores cancelaron el pago, el supuesto apoderado pidió a un escribano que realizara las escrituras y las inscripción de las mismas. Éste comenzó los trámites, pero al presentar la documentación y el plano en Planeamiento detectaron que habían firmas que no coincidían, explicó una fuente judicial. Al surgir este inconveniente, el escribano solicitó a Obredor Balmaceda que le llevara el poder original, ya que antes le había dado una copia, y un certificado de supervivencia del dueño de la propiedad, el señor Adárvez, para constatar que todo estuviera en regla, explicaron. El empleado judicial no se los presentó y desapareció, eso despertó más las sospechas. Más tarde, el escribano se enteró que Adárvez había fallecido hace años.

Fue así que el mismo escribano radicó la denuncia en la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía. Los investigadores secuestraron el poder y un plano del terreno que tenía el sospechoso. Ambos son falsos, aseguró una fuente del caso.