Los jueces de la Sala III de la Cámara Penal rechazaron ayer, por tercera vez, un recurso de la defensa de un acusado de violación para declarar nulo el caso porque entiende que no hubo orden judicial para detenerlo ni para allanar su casa ni secuestrar cosas ligadas a la investigación.

Por eso el mismo defensor Fernando Castro (el codefensor es Federico Petrignani)

aseguró ayer que pedirá un veedor de organismos de Derechos Humanos y es probable que realice denuncias penales por el hecho. ‘No puedo consentir que en San Juan existan allanamientos, secuestros y detenciones sin orden judicial, no se puede pisotear la Constitución (Nacional) de esa manera. Eso se daba en la época del proceso pero me parece abominable que los propios órganos de la Constitución convaliden estos actos ilegales. Por eso vamos a pedir la intervención de un veedor de organismos de Derechos Humanos’, dijo ayer Castro.

El preso en cuestión es de apellido Castro, de 27 años. Fue detenido por policías de la Seccional 26ta en su casa del barrio Luz y Fuerza, Chimbas, cerca del mediodía del 4 de junio de 2010, luego de que una mujer denunciara que la había sorprendido en la calle con un cuchillo y la llevó hasta su casa para ultrajarla. Aquella vez una vecina llevó a la denunciante a la seccional y enseguida el sospechoso quedó preso, luego de que derribaran la puerta de su casa por negarse a abrir.

Antes del juicio, en diciembre, Castro había planteado en la Sala III que se declare la nulidad absoluta en el caso, porque entiende debió mediar un requerimiento del fiscal para realizar el procedimiento en contra de su cliente, pues la Policía no es la ‘impulsora’ del proceso penal.

Aquella vez los jueces Héctor Fili, Ricardo Alfredo Conte Grand y Eugenio Barbera difirieron el tratamiento de ese planteo para el momento de la sentencia definitiva. Pero el letrado insistió en el inicio del juicio esta semana y otra vez cosechó un revés. Ayer planteó un recurso de reposición que volvió a ser rechazado y se ordenó la prosecución del caso.

Según fuentes judiciales, entre los argumentos de su resolución, el tribunal destaca que la policía sí está facultada por ley para actuar como promotora de una investigación penal. Y que en el caso que aún no comienza a debatirse, no detectaron las anomalías argumentadas por el defensor pues la Policía actuó en comunicación con el juez.