El último lunes una auxiliar terapéutica de 47 años ratificó ante el juez Miguel Dávila Safe (Sala I, Cámara Penal), un acuerdo de juicio abreviado logrado con la fiscal Marcela Torres a través de su defensor oficial Carlos Reiloba. En ese pacto, aceptaba cumplir 13 años de cárcel por la grave acusación de haber participado en la corrupción sexual de sus dos hijas en 2011 (tenían 13 y 11 años) al haber permitido que su amante (Carlos Olivera, ya condenado a 12 años) las manosera, las fotografiara desnudas o que vieran cuando ellos mantenían relaciones sexuales.
Parecía un caso más encaminado a una sentencia, pero ayer el mismo defensor oficial le pidió al juez anular ese acuerdo y también ser apartado de la defensa de esa mujer, por su "actitud desleal", pues la imputada "mintió" al decir que no fue asesorada por él, entre otros motivos.
La presentación de Reiloba se concretó luego de que el director del Penal de Chimbas lo pusiera al tanto del informe de un psicólogo de esa unidad penitenciaria, Adrián Ochoa, en el que informó que vio angustiada a la detenida, a la que escuchó decir que era inocente y tenía pruebas para demostrarlo, dijeron fuentes judiciales. Ante la fiscal, el psicólogo admitió que "asesoró" a la imputada.
La acusada ayer ratificó esos dichos y agregó que en algún momento del caso, un defensor particular le comentó que existía el riesgo de que sus hijas pudieran ser detenidas.
Para pedir la nulidad, el argumento del defensor oficial fue que en el proceso abreviado se debe contar con el consentimiento libre y no viciado del imputado, es decir, sin dudas. Que para garantizar los derechos de la imputada, entendía que el informe del psicólogo generaba esas dudas sobre el consentimiento no viciado de la mujer. Y que por eso pedía anular el acuerdo de juicio abreviado y realizar un debate común para que intente demostrar su versión.
Cuando el magistrado pidió conocer la opinión de Fiscalía, hubo un rechazo rotundo. La fiscal Marcela Torres recordó que la imputada estuvo casi 8 años prófuga. Remarcó que fue ella la que pidió un acuerdo de juicio abreviado (extraoficialmente se supo que fue porque creía que sus hijas se iban a ver expuestas). Enfatizó que no es cierto que no contó con asesoramiento legal en todo el proceso, pues fue asistida por tres defensores oficiales y uno particular. También dijo que el psicólogo se extralimitó al "asesorar" a la imputada. Y, por todas razones, le pidió al juez que rechace el planteo y convalide con una sentencia el acuerdo de juicio abreviado.
Ahora, el juez debe resolver.
El caso había sido denunciado el 5 de noviembre de 2011 por el padre de las entonces niñas. Y dos años después Olivera terminó condenado a 12 años. La ahora imputada fue declarada prófuga el 14 de mayo de 2012 y recién en diciembre de 2019, casi 8 años después, fue capturada.