La sargento Daniela Jésica Ibaceta (44 años, 20 en la Policía) no pudo contener el llanto cuando escuchó a la jueza de Garantías, Celia Maldonado, decir que la absolvía de haber estafado a la Administración Pública con el cobro de adicionales realizados en octubre y noviembre de 2020. Y la desligaba también, por el beneficio de la duda, en otro delito que le atribuía la Fiscalía de Delitos Especiales coordinada por Adrián Riveros: la falsificación de documentos públicos, es decir, los papeles por los cuales se la autorizaba a hacer esos servicios de custodia fuera de su horario laboral, en un museo y una escuela.
‘Se hizo Justicia, sólo Dios sabe las que pasamos con mi familia… hace un año que no cobro por todo esto’, dijo ayer la sargento, aún conmovida.
Fiscalía había pedido 3 años de prisión de cumplimiento condicional (sin detención), por el delito de estafa y falsificación de documentos públicos. También buscaba que la inhabilitaran para siempre para ocupar cargos públicos.
Según el argumento fiscal (compartido por Gabriel Sanz y José Fraifer, de Fiscalía de Estado) Ibaceta realizó maniobras delictivas con servicios adicionales en un momento en que lo tenía prohibido, por gozar de una licencia pre y posparto que concluía el 28 de noviembre de 2020 y había iniciado el 31 de agosto de ese año, con la pérdida de un bebé que gestaba.
También le atribuyó haber falsificado las firmas de su jefe en la Unidad Pocito Norte, el oficial inspector Silvio Pérez, pues estaban insertadas en los documentos que la autorizaban a hacer esos servicios.
Sin embargo ayer, la jueza Maldonado respaldó el pedido del defensor Gustavo Sánchez, quien había solicitado la absolución de su clienta, pues entendió que el delito de estafa no se configuró, porque Ibaceta cobró por un servicio que efectivamente prestó en octubre y noviembre. También argumentó que no se había probado que ella falsificara las autorizaciones. La misma Ibaceta había reconocido que ella firmó, pero autorizada por Pérez porque este oficial se quedaba con la mitad de lo que le pagaban a ella.
Esa y otras revelaciones de la sargento contra su jefe (Pérez la negó de plano), fueron parte de las ‘anomalías’ que la defensa creyó cometidas por el oficial, y por eso pidió que se envíen copias del expediente a una UFI de Delitos Especiales para que se lo investigue, tal como lo dispuso ayer la magistrada.
El caso había sido denunciado en el área de Inspección y Control de Gestión, donde Pérez declaró que le habían falsificado la firma. Luego de una investigación interna, se evaluó que pudieron cometerse delitos y por eso el hecho fue a parar a la Fiscalía dirigida por Riveros en diciembre de 2020.
El fallo no conformó a los acusadores, que podrán impugnarlo una vez que conozcan los argumentos de la jueza.
En Inspección y Control de Gestión, donde aún debe resolver si sancionan o no a Ibaceta.