Las idas y venidas protagonizadas por una auxiliar terapéutica de 47 años que, luego de permanecer casi 8 años prófuga, fue capturada y llegó a juicio acusada de facilitar los abusos a manos de su expareja y facilitar la corrupción sexual de sus dos hijas (el hecho se denunció en 2011, cuando tenían 13 y 11 años), podrá tener un capítulo definitivo. Es que al llegar a debate, la mujer firmó un juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad y se manifestó de acuerdo en recibir una condena de 13 años. Pero luego se arrepintió, con el argumento de que era "inocente" y tenía pruebas para demostrarlo, además de asegurar que no estuvo bien asesorada a pesar de tener cuatro defensores (uno particular y tres oficiales). El juez que iba a enjuiciarla, Miguel Dávila Saffe (Sala I, Cámara Penal), aceptó la voluntad de la acusada y desestimó el acuerdo del proceso breve. También dio luz verde al alejamiento del defensor oficial Carlos Reiloba, quien pidió apartarse por la "actitud desleal" de la imputada al decir que no la había asesorado.
Sin embargo ayer, la acusada volvió sobre sus pasos y otra vez negoció un proceso abreviado con la fiscal Marcela Torres a través de un nuevo defensor oficial, Juan Facundo Gil Nale. Ahora dijo que sí estaba bien asesorada, que sabía a qué se exponía y aceptó ser condenada a 12 años y 6 meses de cárcel. El juez debe decidir si ratifica el nuevo acuerdo y determinar el monto de la pena, que no puede ser más elevado.
Por el hecho, su cómplice había sido condenado a 12 años de cárcel. Le atribuían haber manoseado a las niñas, haberlas fotografiado desnudas y haberlas expuesto a ver cuando tenía relaciones sexuales con su madre, quien consintió todo y trató de inculcarles a las menores que eso estaba bien.