Luego del escándalo que se desató el último martes al conocerse que el jefe de la Seccional 17ma y otros cinco policías estarían vinculados a una red narco y que encima habrían plantado un arma para “resolver” el crimen de María Bugueño (49), quien murió tras ser baleada el 4 de marzo en el carnaval de Chimbas, el juez Pablo Flores, a cargo del caso, dijo ayer que ahora esa evidencia ‘pierde fuerza’, pero negó que pueda hacer caer la causa.
Esa madrugada, Bugueño salió a despedir a un pariente y en ese momento se enfrentaron unos sujetos en la esquina de su casa en Villa El Salvador. En esa trifulca, alguien disparó y la hirió de muerte: 6 días después falleció y por su crimen cayó como principal sospechoso Miguel Ángel Tapia (19). En el medio, policías al mando del comisario Rodolfo Andrada encontraron un revólver calibre 22 que decían fue usado por Tapia, pero las escuchas pedidas por el juez Rago Gallo revelaron que esa prueba fue armada. A todo esto, la madre del joven denunció a esos efectivos por apremios ilegales y un fiscal ya dio curso a esa investigación.
“Me avisan de que se había encontrado un arma y que estaba personal de Criminalística para levantarla. Y así se hizo. En las escuchas aparece una conversación entre miembros de la Policía, el 6 de marzo, en la que empiezan a hablar de un arma, que estaban buscando cartuchos y que avisaran a la guardia de la comisaría para que queden bien en los libros para evitar que saliera algo en las sábanas de llamadas. Evidentemente es puesta, llevada y dejada (en la Costanera)’ dijo Flores. Supuestamente, lo hallaron por un llamado anónimo, pero el juez dijo que “la existencia del llamado está en duda porque no hay constancias”.
El juez ordenó que Miguel Tapia esté preso en un lugar “secreto” por su seguridad.
El titular del Segundo Juzgado de Instrucción agregó que “es un hecho muy grave y de una torpeza enorme plantar una prueba así puesto que esta pobre mujer en ese momento estaba con vida”. El juez dijo además que esos efectivos podrían ser investigados por instigación a falso testimonio, apremios ilegales, falsificación de instrumentos públicos, estafa procesal en grado de tentativa agravado por ser contra el imputado.
En relación a si esa prueba podría voltear la causa contra Tapia, el magistrado explicó que “ahora pierde fuerza a punto tal que puede llevar a nulidad. Pero no fue el origen de su detención. La imputación viene por otros carriles que son previos a la aparición del arma; son de índole testimonial. Lamento que haya quedado manchada una institución como la Policía de San Juan por un grupo de personas que hacen las cosas mal”.