Un año atrás, la búsqueda de una retroexcavadora que fue robada en Mendoza y pasó por el control policial en un remolque hacia Ullum, San Juan, terminaba en un descubrimiento sin precedentes: el 12 de julio del año pasado, policías de Robos y Hurtos no sólo hallaban ese vehículo en una propiedad administrada por quien entonces se convirtiera en uno de los prófugos más buscados: Guillermo "El Porteño" Criscuolo. En el lugar dieron también con vehículos robados, motores, patentes, documentos adulterados y gran cantidad de autopartes. Así nacía la investigación de la "Mafia de las 4×4", una organización delictiva dedicada al robo de camionetas, a la adulteración de sus documentos para usarlas como mellizas o desguasadas en autopartes, con la idea sacar una tajada de un negocio suculento: los 29 millones de pesos que dejaba por entonces sólo el alquiler de esos vehículos en la floreciente actividad minera, sin contar la venta de autopartes en el mismo rubro.
En pocos días, descampados, calles o playas de estacionamientos de la provincia se convertían en escenarios donde eran abandonadas autopartes o las costosas camionetas Toyota. Inusual, inédito.
En semanas también, una comisión encabezada por el propio jefe de policía, Miguel González, bajo órdenes de la juez María Inés Rosselot, le daba la investigación cifras impresionantes: el secuestro de más de 30 vehículos (unos 25 ilegales), motores, centenares de autopartes y un expediente de casi 4.000 fojas, sin contar la documentación anexa.
Y también 21 imputados (todos libres), incluido Criscuolo, radicado en San Juan hacía 13 años, productor vitivinícola, presunto cabecilla de esa organización criminal, buscado sin éxito hace 15 días en Buenos Aires (hubo 4 allanamientos) y prófugo, porque no tuvo éxito en su pedido de declarar y luego seguir libre, porque le atribuyen ser líder de una asociación ilícita (no excarcelable).
En setiembre de 2009, la jueza resolvió apartarse por considerar que ilícitos federales (falsificación de DNI o de títulos vehículos) prevalecían sobre delitos ordinarios que ella investigaba y pasó el caso al juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien rechazó intervenir. La decisión definitiva sobre qué juez actuará la tomará el máximo tribunal del país.
Así el caso está frenado. El fiscal Daniel Guillén pidió a la jueza dos veces decidir la suerte procesal de los imputados. Y el defensor Rubén Pontoriero le planteó un pronto despacho pero le respondieron que, por ley, hay otras causas prioritarias. Por ahora es un enigma si la misma jueza Rosselot resolverá quiénes deben ser o no procesados.