La joven mujer casi se cayó de espaldas cuando sorprendió a su hija de 11 años en una situación más que incómoda con su otra hija de 7, pues la mayor le practicaba sexo oral a la más chica. Cuando quiso saber cómo y por qué había llegado a tal extremo, la nena le dijo que eso le hacía su abuelo cuando vivían con él en Mar del Plata, hace 3 años. Y la mujer no lo dudó: en el acto partió hacia el Anivi a poner la denuncia, pues quedó convencida de que su hija no le mentía por razones de mucho peso: "Dijo que su padre había abusado de ella y su hermana cuando eran niñas", indicaron fuentes judiciales.
El reclamo de Justicia ocurrió el 3 de febrero pasado y desde entonces la UFI Anivi, que coordina el fiscal Raúl Iglesias, motorizó las averiguaciones de rigor que culminaron con un pedido concreto de investigación contra ese hombre por el presunto abuso sexual a su propia nieta.
El imputado dijo que espera un trasplante de hígado. No dio su versión de los hechos.
El sospechoso tiene 62 años, es panadero y que los hechos ocurrieran en Mar del Plata, fue el eje del planteo de su defensor oficial Alejandro Martín García, para que el juez de Garantías Javier Figuerola se declare incompetente y envíe la causa a esa jurisdicción. Pidió también al magistrado contemplar la especial situación de su defendido, que dijo sufrir de várices en el esófago, diabetes y una cirrosis que obligará a realizarle un trasplante de hígado.
Sin embargo la fiscalía, a través de la ayudante fiscal Florencia Buteler, rechazó el pedido de enviar el expediente a Mar del Plata, con el argumento de que normas de derecho internacional y numerosos fallos de jueces argentinos privilegian el acceso efectivo a la Justicia en el lugar donde el menor tiene su medio de vida, además de remarcar que siempre se debe priorizar el "interés superior del niño".
Buteler también solicitó al magistrado que autorice a que la menor sea interrogada por psicólogos en una audiencia videograbada, que será de fundamental importancia pues de ese relato de la niña se desprenderá si los abusos existieron o no. Y, en caso de ser así, durante cuánto tiempo se prolongaron y en qué tipo de prácticas consistieron. Llegar a conocer en detalle los eventuales ataques sexuales es clave para que tanto Fiscalía como el juez del caso puedan calificar el delito y determinar si el sospechoso debe o no permanecer detenido.
Al final, el magistrado autorizó a interrogar a la niña con el sistema de audiencias videograbadas, le otorgó el plazo de 1 año a Fiscalía para que investigue los hechos; le impuso al imputado la obligación de presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio y le prohibió contactar por cualquier vía a la nena y familia.