La supervisora escolar Sandra Vilanova, Miguel Jofré, actual vicedirector del CEF N°20 (Centro de Educación Física conocido como ‘La Granja’), el exregente de esa entidad, Daniel Samat, y el presidente de la cooperadora Mario Sanz empezaron ayer a ser investigados por un caso escandaloso: la presunta sustracción de fondos originado en el cobro de actividades en el predio de ese centro público, como el alquiler de canchas, los ingresos por la administración de un quiosco y del estacionamiento, entre 2019 y 2021, dijeron fuentes judiciales.
El caso había sido denunciado en marzo pasado por Walter Vicentela, actual director de la entidad, pues le había llegado la versión de cobros hasta compulsivos a jugadores y clubes, cuando en realidad no se exigen tales pagos a una cooperadora. Y porque, aunque la pidió, no había obtenido ninguna rendición de cuentas sobre el destino de esos fondos, indicaron los voceros.
Ayer, la jueza de Garantías Gema Guerrero, le concedió al fiscal Francisco Micheltorena y al ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales), 8 meses para averiguar y constatar si Jofré cometió peculado (quedarse con fondos públicos) con la participación necesaria del presidente de la cooperadora, Sanz. Además, Jofré, Samat y Vilanova enfrentan cargos por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues se supone que la supervisora y el exregente debieron controlar a Jofré, principal sindicado.
La sospecha de Fiscalía es que Jofré y Sanz no tenían ninguna autorización del Ministerio de Educación (del que depende el CEF) para realizar ningún cobro, pero los sospechosos ya anticiparon que presentarán pruebas para demostrar que no cometieron ningún delito.