El caso es escandaloso. Por la edad de la niña, 14 años. Por la aberrante conducta que se le atribuye a una tía suya, la prostitución de la adolescente. Por el relieve público de quienes quedaron en la mira, sospechados de aprovecharse de los servicios sexuales de la menor: el famoso exfutbolista y exfuncionario público y actual dirigente social, Roberto "Fido" Galván, y el no menos conocido empresario, dueño de "Dismar Caucete", Carlos Cassab (73). Ambos quedaron presos en la noche del jueves por orden del juez Matías Parrón. Fue un día después de que la madre de la menor pusiera la denuncia en la UFI ANIVI que coordina el fiscal Raúl Iglesias, con la fiscal de la causa, Valentina Bucchiarelli. Con apoyo de varias dependencias policiales (como la División Delitos) y judiciales, los fiscales recolectaron suficiente evidencia para que el magistrado considerara justificado meter presos a los tres sospechosos.
Entre las pruebas que recabaron los investigadores al mando de los fiscales Iglesias y Bucchiarelli, se contaron numerosos dispositivos electrónicos, como teléfonos y otros soportes informáticos en los que, a priori, se pueden constatar los dichos de la madre denunciante. Según voceros judiciales, la mujer se enteró de todo por boca de la propia adolescente.
En principio, se supone que la tía de la menor (identificada por sus iniciales E.G. para preservarla), era la encargada de contactar a Galván y a Cassab, a quienes habría cobrado una suma de dinero para acceder a encuentros sexuales con la niña. Por eso a esa mujer se le atribuye, en principio, haber facilitado y promovido la corrupción sexual de su sobrina menor.
En cambio, el dirigente social y el dueño de "Dismar Caucete", en principio, enfrentarían otros cargos. Según fuentes judiciales, a ambos se le atribuiría el equivalente a la vieja figura del "estupro", un delito en el que se supone que hubo aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.
De todos modos esas figuras son provisorias, dijeron. Y todo podría cambiar si de los dichos de la menor en Cámara Gesell (aún no declara) surgen pruebas de que existieron delitos más severamente castigados.
Los fiscales tienen 72 horas para pedir al juez la prisión preventiva de los detenidos, el mayor de los cuales ayer estaba con custodia policial en el hospital Marcial Quiroga por problemas de salud. Y 15 días para recabar, valorar las pruebas y formalizar la investigación penal preparatoria, según el nuevo sistema acusatorio, precisaron.