Guillermo Lucas Criscuolo hizo ayer su primera aparición personal en la megacausa con 32 cuerpos de expediente, que investiga el robo, la adulteración y posterior venta de autopartes y vehículos doble tracción con documentos falsos, la bautizada ‘mafia de las 4×4’. Y aunque no dio su versión de los hechos, el juez federal Leopoldo Rago Gallo, mantuvo la grave imputación que siempre pesó en su contra, principalmente la de ser el supuesto líder de una asociación ilícita dedicada a esas maniobras, dijeron fuentes judiciales.

‘Si es necesario que aclare algo va a declarar más adelante’, dijo ayer Ricardo Moine, quien junto al letrado Carlos Moncunil, defiende a Criscuolo, considerado prófugo durante más de 3 años hasta que consiguió la eximisión de prisión con un fallo en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Criscuolo saltó a la escena delictiva el 12 de julio de 2009, cuando en la bodega Ansilta, Ullum, que estaba a su cargo (es propiedad de su exsuegro), encontraron una máquina retroexcavadora que el día anterior había sido robada a punta de arma por una banda en Lavalle, Mendoza. La investigación pronto cuajó en allanamientos en esa propiedad y en la finca Los Caporales, Ullum, también a su cargo. Allí hallaron encontraron dos motos robadas (una de un abogado), centenares de autopartes de camionetas 4×4 y algunos vehículos que indicaban a las claras que en ambas propiedades funcionaban dos desarmaderos clandestinos dedicados al negocio ilegal de las autopartes o al armado de vehículos mellizos, dijeron fuentes judiciales.

Una pericia en una computadora de Criscuolo, también reveló que tenía acceso a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad del Automotor, algo prohibido a particulares y solo autorizado a algunas fuerzas de seguridad o los registros del automotor, precisaron voceros del caso.

Hasta el momento, el juez federal resolvió la compleja investigación con el sobreseimiento de los empresarios investigados y el procesamiento de otros implicados. Desde que se inició, el caso llegó a tener un total de 20 sospechosos, indicaron las fuentes.

El juez Rago Gallo había heredado la megacausa del Quinto Juzgado de Instrucción dirigido por la juez María Inés Rosselot, quien decidió desprenderse de la investigación cuando evaluó que habían delitos de orden federal más graves y de mayor peso jurídico que ameritaban un cambio de competencia, dijeron. Aquella vez Rago Gallo entendió lo contrario, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a Rosselot.

Ayer, Criscuolo declaró y volvió a su casa. Ahora, lo más probable es que el juez resuelva dictar un procesamiento en su contra.