Tras la requisa que el 28 de julio pasado terminó con un guardia preso porque pretendía meter 26 gramos de marihuana a la cárcel, las sospechas crecieron hasta instalar la idea de que hay por lo menos otros dos penitenciarios implicados y que se dedicaban también a negociar con drogas dentro de la prisión, dijeron ayer fuentes judiciales.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo ya procesó con prisión preventiva al ayudante de guardia Bruno Martín (27) porque sospecha que la marihuana que llevaba oculta en un recipiente plástico dentro de su mochila cuando iba a entrar a trabajar, era para comercializarla en el pabellón federal, que es justamente el lugar donde están detenidos sospechosos y condenados por narcotráfico. Para el magistrado, el delito tiene dos agravantes: la condición de funcionario público de Martín y el hecho de que posiblemente ejerciera esa actividad ilícita en la cárcel.

El día que cayó, a Martín le secuestraron la droga y otras pruebas, como su teléfono celular. Y fue justamente de ese aparato que surgirían evidencias para complicar a otros dos penitenciarios, indicaron.

Según voceros del caso, el juez estaría esperando el resultado de las pericias telefónicas, entre otras, para formalizar sus sospechas contra esos dos funcionarios públicos.

Hasta ahora, Martín no dio su versión de los hechos pero aún puede hacerlo.

El descubrimiento de que un guardia quería meter droga para venderla en su lugar de trabajo, se había destapado justo el día en que visitaba la cárcel el secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, quien resaltó el trabajo concretado por los propios compañeros del sospechoso al impedir que ingresara la marihuana.

Ese hallazgo en manos de un uniformado, representó también la confirmación de lo que varios familiares de presos siempre sostuvieron: que muchos de los internos que sufren adicciones lo mismo consiguen estupefacientes dentro de la prisión.