El modus operandi fue un calco de la vieja e inoxidable maniobra de embaucar a incautos deseosos de conseguir un techo propio. La única diferencia, ahora, fue que el estafador no prometía casas del IPV y por lo tanto no aducía tener contactos con encumbrados funcionarios o políticos allegados al Gobierno. Esta vez, el gancho para sacar jugosas suma fue invocar contactos en el riñón de las decisiones de la empresa dueña de un barrio privado de Santa Lucía, que había resuelto desalojar a quienes no le habían pagado por la vivienda y estaba dispuesta a renegociar su destino.
Y resultó. Según la Policía, más de uno (se supone que hay por lo menos 10 familias afectadas) entregó al menos $200.000 entre noviembre y marzo (entre $15.000 y $35.000) a cambio de un recibo y la promesa de la tan anhelada casa propia en el barrio Jardín del Milagro, Santa Lucía, en un lapso no mayor a un mes. Tan cierta parecía esa posibilidad que el sospechoso hasta los llevaba a hacer un reconocimiento externo de su futuro techo.
Sin embargo el tiempo pasó, el pacto se estiró en nuevas promesas y al final algunas de las familias afectadas empezaron a dudar. Así cruzaron datos y supieron que a más de uno le había ofrecido la misma casa. O que la empresa ‘Gualcamayo’ ya no opera en la provincia y por lo tanto no había contacto posible en el riñón de esa firma, dijeron fuentes policiales.
Por eso cuatro de los damnificados se acercaron con las pruebas del fraude que tenían hasta la sección Defraudaciones y Estafas dirigidos por el principal Domingo Sombra, y denunciaron. El primer paso de los policías fue chequear que Mario Pérez (44) ofrecía las casas, y cuando el sospechoso lo confirmó a un pesquisa que se hizo pasar por cliente le cayeron encima en su casa del barrio Centro Empleados de Comercio de Santa Lucía. Allí no secuestraron dinero pero sí la prueba de sus operaciones (fotocopias del grupo familiar, recibos de sueldo, entre otros documentos) en una bolsa de residuos a punto de ser eliminada.
Según las fuentes, Pérez es un repartidor de cosméticos que estafó a comerciantes, mineros, obreros rurales en el Gran San Juan y de Jáchal (allí viven tres de sus víctimas). Habría estafado por deudas y ahora investigan si compró bienes.