Hay gran preocupación en San Juan por las sanciones que aplicó la Superintendencia de Seguros a una compañía aseguradora que opera en la provincia y que ha puesto en riesgo entre 10 mil y 15 mil pólizas de seguros, principalmente de autos; aunque también pueden haber de vida y de hogar.
Se trata de la Aseguradora Federal Argentina, que opera hace 12 años en la provincia y que actualmente tiene sus oficinas en la calle Jujuy 318 Sur, en Capital. El organismo regulador nacional le prohibió realizar operaciones de seguros, la inhibió la disposición de sus bienes e inversiones y dio por incumplido el plan de regularización y saneamiento de la compañía porque no aportó la cuota de capitalización que se había comprometido a realizar, según indica la Resolución 40.191/2016, publicada el 30 de noviembre pasado en el Boletín Oficial de la Nación.
Si bien la compañía está emplazada en 30 días para ponerse al día con las garantías reclamadas -le exigen presentar nada menos que 631.360.582 pesos-, la experiencia en el sector indica que las compañías que llegan a ese punto les resulta difícil salir a flote, y no hay antecedentes positivos al respecto.
‘’La inhibición para emitir es la sentencia de muerte prácticamente para las compañías aseguradoras’’, dijo un referente del mundo asegurador. En realidad, al llegar a ese punto generalmente se trata del paso previo a la liquidación o quiebra de la empresa, y la baja de persianas.
Sin embargo, en la empresa insisten en que la situación se normalizará en forma inminente. César Crespo, desde la compañía de seguros en cuestión, dijo ayer que ya están habilitados nuevamente para operar y que pronto, ‘’entre hoy y mañana’, se difundirá la novedad a nivel nacional. Ojalá así sea porque los sanjuaninos que tienen sus seguros en esa compañía corren varios riesgos (ver recuadro). Es que si se liquida la compañía aseguradora, los que tienen juicios por accidentes de tránsito, por ejemplo, tendrán que afrontar el eventual pago de las sentencias con su patrimonio. Si los clientes son insolventes, también resultarán perjudicadas las personas víctimas de algún accidente de transito provocado por el asegurado. Según datos publicados a nivel nacional, Aseguradora Federal tenía a junio pasado el 3,5% del mercado de seguros de autos, con 381.047 vehículos asegurados a riesgo. Al mismo tiempo tenía que afrontar 6.868 juicios, mientras contaba con un patrimonio negativo (la diferencia entre activo y pasivo) de más de 251 millones de pesos. O sea, no tiene capacidad de pago para cubrir los siniestros. Para colmo, ya no existe el Instituto Nacional del Reaseguro (Inder) una entidad estatal que operó hasta el año 2000 y que respondía ante la gente cuando ocurrían estos problemas. En la Superintendencia de Seguros de la Nación se limitaron a explicar que como la compañía sancionada tiene 30 días para resolver la situación, no queda más remedio que esperar a que se venza el plazo. ‘’Lo decide el asegurado, si quieren buscar otra (compañía), lo hacen’’, contestaron en el organismo ante la pregunta si ante el riesgo, la gente debe ir a asegurarse en otra empresa. Claro que eso será para quienes apuesten a tener cobertura para el futuro, porque para los que están en juicio, la suerte está echada.
Fuentes del sector explicaron que cuando una aseguradora es liquidada, todos los acreedores van al mismo pozo de la quiebra, y el orden de cobro con la plata existente es primero los empleados, luego las entidades gubernamentales con los impuestos nacionales y provinciales, luego los proveedores y por ultimo los asegurados.
Qué tiene que hacer la gente
De acuerdo a la Superintendencia de Seguros de la Nación y sondeos realizados en aseguradoras locales, no hay muchas alternativas para los asegurados en una compañía en riesgo. Desde el ente regulador dijeron que en el plazo de 30 días que tiene la empresa para revertir la sanción -y que vence el próximo 30 de diciembre- la gente que opera con esta compañía sigue asegurada. ‘’Si algún asegurado mañana tiene un siniestro, la empresa deberá responder al menos en ese lapso’’, explicaron. En cambio admitieron que la situación se puede ‘dificultar un poco’ para los que están en juicio por algún siniestro ante esta compañía, ‘pero deberían responderle’. Si el cliente está al día con la cuota y lo para la Policía por ejemplo, no tendrá problemas ante los efectivos de tránsito porque legalmente sigue asegurado. El problema se presenta si la compañía quiebra y el amparado va a juicio. Si la compañía no existe más y no es solvente, no hay a quién cobrarle y el amparado debe responder por el siniestro que causó con sus bienes.