Bolivia, 16 de enero.- El video "tiene que ser investigado; puede ser verdad, como también no. Esperamos que de oficio las autoridades correspondientes puedan hacer esa investigación", afirmó el presidente Morales, citado este domingo por la agencia gubernamental de noticias ABI.
Canales privados de televisión difundieron de manera profusa en los últimos dos días un video en el que aparece Ignacio Villa Vargas recibiendo 31.500 dólares para huir del país. Su testimonio resultó clave para acusar a políticos opositores en un caso de supuesto terrorismo contra el gobierno de Morales.
Con base en la confesión de Villa Vargas, los empresarios derechistas Branko Marinkovic y Guido Nayar -connotados opositores a Morales-, militares retirados y una docena de líderes cívicos fueron acusados por la Fiscalía de financiar a un presunto grupo de mercenarios que comandó Eduardo Rózsa Flores, un boliviano-croata héroe de la Guerra de los Balcanes en los 90.
Villa Vargas, quien fue parte del entorno de Rózsa, involucró también al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, principal opositor de Morales.
Rózsa murió baleado en un operativo policial en abril de 2009, en un céntrico hotel de Santa Cruz, junto al irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Arpad Magyarosi. Otros dos europeos fueron detenidos.
El video, entregado a la prensa de manera anónima, podría haber sido grabado pocos meses después de esta acción policial.
No se sabe quién entregó los 31.500 dólares al informante Ignacio Villa Vargas, aunque medios locales aseguran que se trata de Bolivia: revuelo por video que muestra soborno en complot contra Morales.
En las imágenes se aprecia a un funcionario -cuya cara no se ve- entregando dinero en efectivo a Villa Vargas y le dice que a partir de ahí él queda por su cuenta. También le señala que alguien lo espera en Buenos Aires.
Para la oposición, el documento visual demuestra que el presunto grupo de terroristas a cargo de Rózsa fue armado por el propio gobierno para penetrar el cerrado círculo de políticos y empresarios de Santa Cruz, duros opositores del presidente.
Carmen Eva Gonzales, senadora opositora, dijo que "el gobierno está comenzando a desmantelarse; (la verdad sobre) esta estructura de terrorismo que ellos han armado está comenzando a salir a flote".
Por su parte, el senador opositor Germán Antelo señaló que el testigo "habría sido un infiltrado del gobierno en este grupo que fue asesinado, en este grupo de Rózsa".
El caso de los mercenarios permitió desarticular a la élite derechista, pues sus principales líderes aparecieron involucrados en el caso, y varios de ellos huyeron del país.
Esa misma cúpula opositora fue la que comandó en septiembre de 2008 violentas protestas cívicas contra Morales en cinco de los nueve departamentos de Bolivia, con cortes de ruta, toma de aeropuertos y saqueo de oficinas públicas, que pusieron al país al borde de una guerra civil.
El caso de los mercenarios en manos del Fiscal Marcelo Sosa, quien ya emitió en diciembre pasado un primer requerimiento contra una treintena de involucrados, se encuentra en su fase final.