Casi un año después de la explosión por una fuga de gas que le costó la vida a Melina Romero (39), el ingeniero chileno exjefe de inspectores de la firma Ecogas acusado de haber aprobado el uso en la cocina de un flexible no permitido por normas de seguridad, decidió renunciar a un juicio común y cerrar el caso con un proceso abreviado como único responsable. Según fuentes judiciales, hoy, ante el juez de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, Mauricio Ricardo Ojeda ratificará el acuerdo logrado a través de su Defensa (Pablo Di Pane, Fabiana Salinas) con el fiscal coordinador, Adrián Riveros, y el ayudante fiscal, Leonardo Arancibia (UFI de Delitos Especiales), en el que admitirá su autoría en el delito de homicidio culposo (aquel cometido sin intención) y aceptará una condena de 2 años de prisión en suspenso (sin detención) y 5 de inhabilitación para ejercer tareas que impliquen la inspección de instalaciones de gas, dijeron fuentes judiciales. La situación de Ojeda era complicada.

El ingeniero Mauricio Ojeda asumirá la responsabilidad penal por la muerte de Melina Romero.

 

Cuando Melina Romero perdió la vida, el 28 de noviembre del año pasado, las pericias encaradas por peritos de la Policía en el departamento 7 de un consorcio en O’Higgins 329 Este, en Trinidad, Capital, revelaron que todo había estallado el día previo, un domingo por la tarde, porque hubo una fuga en un flexible de la cocina, no permitido en las normas establecidas en el Código Nacional de Gas, que para esos casos exige una conexión rígida o un flexible que cumpla las normas de seguridad IRAM y no el que tenía puesto, de goma revestida con un tejido metálico, indicaron. No sólo eso, la inspección en otros tres departamentos de ese consorcio (que tiene 10 en total) puso al descubierto que también tenían el mismo flexible en la cocina a gas y que su habilitación también había sido autorizada por Ojeda.

El flexible, por el que se fugaba gas, ocasionó una fuerte explosión en el departamento. Y lo peor, la muerte de su inquilina.

 

El edificio es prácticamente nuevo, pues comenzó a funcionar en 2018, y la dueña del local había declarado que no habían cambiado o modificado la instalación, algo que tampoco habría hecho la víctima, que fue la única que estrenó ese departamento a partir de 2019 y lo habitó hasta el día en que sufrió el trágico accidente. Durante la audiencia, los abogados de la familia de la víctima podrían oponerse o no (en principio aceptarían el acuerdo), pero su opinión no obliga al juez.