Un comisario inspector y un oficial ayudante de la Policía empezaron ayer a ser investigados por su presunta vinculación con la falsificación de un documento, en el que consta la firma y un informe técnico sobre un teléfono secuestrado en una causa por robo, que un perito desconoció como suyos.
Presunta falsificación de instrumento público, agravado por ser los autores funcionarios públicos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, son los delitos que el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Fabricio Poblete (UFI de Delitos Especiales) le imputaron al comisario inspector Marcelo Fabián Paredes (55 años, actualmente en la Dirección Bomberos), y al oficial ayudante José Gómez (24).
Ambos trabajaban en la seccional 5ta de Santa Lucía. Y quedaron en la mira de la investigación porque sus firmas figuran también en ese documento cuya autoría desconoció el perito Leonardo Campillay.
Todo se descubrió en abril pasado. Fue cuando desde Flagrancia le pidieron a Campillay ir a declarar sobre el informe que había realizado sobre un Motorola E40, incautado en la causa contra Diego Pereira, entonces investigado por el robo agravado por el uso de un arma blanca cometido contra una mujer.
Campillay fue hasta Flagrancia y aseguró que ni el informe ni la firma ni el DNI que figuraban (le habían puesto los números cambiados) en ese documento eran suyos. Y suponía que en la seccional 5ta pudieron haber obtenido sus datos porque un mes atrás había ido a esa sede policial por otro trabajo pericial.
El 11 de abril denunció en Delitos Especiales. Y ayer sólo Paredes ofreció su versión. Asistido por el defensor oficial, Alejandro Martín García, el comisario inspector reconoció su firma, pero negó ser autor de la atribuida al perito. Es más, su defensor pidió que ese experto sea también parte de las pericias caligráficas que encarará ahora Fiscalía para descubrir la verdad, trabajo al que Paredes se ofreció convencido de ser ajeno a ese hecho.
Además, el jefe policial dio explicaciones que buscaron distanciarlo del problema. Así, aclaró que desde Flagrancia suelen solicitar medidas de investigación que no demoren más de 24 horas. Que si bien sus superiores les exigen estar presentes en los actos de una investigación, eso es imposible porque deben atender demandas de distintos organismos judiciales, además de ocuparse de la parte operativa y administrativa propia de toda comisaría.
También dijo que muchas veces, sus subalternos suelen llevarle de madrugada a su casa documentos para firmar. Y que normalmente los documentos pasan por un filtro antes de llegar a su firma, porque el jefe de sumario es el eslabón entre él y los oficiales que realizan las actas, como la que ahora lo complica.
Gómez no declaró. Su defensora oficial María Emilia Nielson, sin embargo, negó toda vinculación del oficial con la maniobra investigada.
La jueza de Garantías, Celia Maldonado, concedió a Fiscalía un plazo de 8 meses para investigar.