La Cámara de Diputados, en medio de un largo y áspero debate, se disponía anoche, al cierre de edición, convertir en ley el proyecto impulsado por Gobierno para reformar el Código Procesal Penal, pese a las fuertes críticas de la oposición que coincidió en denunciar que la propuesta fue impulsada para garantizar ‘impunidad‘ para los funcionarios del Gobierno.
La reunión se inició a las 12.20 con la presencia de 129 legisladores en el recinto, el quórum mínimo exigido por el reglamento, que logró conformar el Frente para la Victoria con un puñado de aliados. Según la iniciativa, la investigación de los delitos penales estará a cargo de los fiscales -y no de los jueces de instrucción, como sucede actualmente-. De este modo, los fiscales pasarán a tener el control de las investigaciones y de los plazos del proceso, mientras que los jueces se limitarán a garantizar el debido proceso y a dictar sentencia. El proyecto prevé, además, que los extranjeros que sean sorprendidos en la comisión de un delito sean expulsados y no puedan regresar a Argentina en un plazo no menor a cinco años. Por otra parte, la iniciativa permite mantener detenido a quien haya sido encontrado en comisión de un delito durante 72 horas, prorrogable por 72 horas más.
En el inicio del debate, la diputada kirchnerista Graciela Giannettasio aseguró que el actual sistema de procedimientos ‘no
cumple eficazmente sus funciones‘, ‘se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano y no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales‘.
La presidenta de la Comisión de Justicia sostuvo que el actual sistema impone el ‘peor proceso‘ para las víctimas de los delitos, al ‘no saber nunca qué pasa con la investigación; no saber cuándo va a terminar el proceso; no participar de la investigación; no tener oralidad; que es vivir degradado y no tener justicia‘. Sin embargo, desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1.700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno. En este sentido, Manuel Garrido (UCR) advirtió en el recinto que llama ‘la atención que lo único que se va a aplicar‘ en lo inmediato tras la sanción del Código ‘es el Anexo 2, que implica un incremento sustancial en la planta de funcionarios públicos designados‘, lo cual dijo luego que ‘responde al nefasto esquema del Ministerio Público especular‘. Después de aprobarse la reforma al Código, los legisladores iban a debatir la creación de la bicameral que investigará las cuentas en Suiza.