Después de cuatro años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le rechazó la prisión domiciliaria al represor Juan Carlos Coronel, quien cuenta con dos prisiones perpetuas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, por lo que podría volver a la cárcel. En su sentencia, el máximo tribunal coincidió con el Ministerio Público Fiscal al considerar que, si bien el imputado tiene más de 70 años, no es el único requisito que se debe evaluar para concederle dicho régimen. Para ello, debería demostrar, a través de estudios médicos, que no se encuentra en condiciones de salud para estar en la cárcel. De esa manera, el fallo puede impactar en las domiciliarias de los exmilitares Jorge Antonio Olivera, Francisco Del Torchio y Eduardo Cardozo, sumado al expolicía Miguel Ángel Mejías, explicaron fuentes judiciales.
La pelea por la domiciliaria de Coronel comenzó en 2019, cuando se la concedió el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de San Juan, integrado por los jueces porteños Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Guillermo Friele. El propio Código Penal establece que el interno mayor de 70 años podrá cumplir su castigo bajo una detención domiciliaria, pero el fiscal Francisco Maldonado apeló porque sostuvo, en líneas generales, que el requisito de la edad no es automático, sino que se deben evaluar otros puntos, como el estado de salud.
La causa recayó en la Cámara de Casación Penal y mantuvo el arresto de Coronel en su casa. No obstante, Fiscalía acudió a la Corte Suprema de Justicia, la que le denegó el beneficio y mandó el expediente a Casación para que pida informes sobre el estado de salud, dado que han pasado cuatro años del planteo. La resolución se basó en el fallo "Olivera Róvere", de febrero de 2013. En ese marco, los ministros coincidieron con el Ministerio Público en que el requisito de la edad no es automático "en tanto la ley no establece la obligación, sino la facultad de los jueces de concederla".
Coronel, Olivera, Cardozo y Del Torchio, que son los que tienen o pelean la domiciliaria, fueron condenados a perpetua en el segundo y tercer megajuicio, debido a que pertenecían al temible grupo de tareas del RIM 22, el cual se encargó de cometer delitos de lesa humanidad. A ellos se sumó el expolicía Mejías, castigado en el último megajuicio.
Ahora, la situación de los represores es diferente en cada caso con respecto al beneficio de la detención en el hogar. Olivera, el jefe de la represión ilegal, se encuentra con domiciliaria debido a que se la otorgó Casación, pese a tres rechazos del Tribunal Oral. Incluso, uno de los reclamos de Fiscalía se encuentra en la Corte Suprema desde 2018. Es decir, antes del planteo de Coronel.
A su vez, Del Torchio también cuenta con el beneficio de estar alojado en su casa, luego de que Casación se lo concediera. Como en todos los casos, el Ministerio Público Fiscal apeló ante el máximo tribunal. Por su parte, Cardozo solicitó la domiciliaria, pero el Tribunal Oral, presidido por el juez Daniel Doffo, se la denegó hace unas semanas, por lo que permanece recluido en Campo de Mayo. No obstante, puede acudir a Casación Penal y hasta la Corte Suprema para revertir el fallo, aunque, en la última instancia, ya está el antecedente en contra. Por último, Mejías también cuenta con domiciliaria, aunque Fiscalía también apeló para revertir su situación de detención, indicaron las fuentes.
Debido al paso del tiempo y la extensión de los procesos, hubo represores que fallecieron (como Osvaldo Martel, entre otros) o que fueron apartados de los juicios por problemas de salud. Entre ellos se encuentran Gustavo De Marchi, Rubén Ortega, Agustín Pereyra y Eduardo Vic, a los que se les suspendió el juicio debido a que atraviesan enfermedades físicas y mentales graves, por lo que consiguieron la excarcelación, indicaron las fuentes.