LA PODA. La Ley comenzó a tratarse de las 12.30 con la lectura de los cambios al dictamen de mayoría. Desde los más de 600 artículos originales quedan 385.

 

La Cámara de Diputados avanzaba anoche en un lento y trabado debate para darle la media sanción al proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (Ley Ómnibus), impulsado por el Gobierno nacional, que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas. Una herramienta clave para la hoja de ruta de la gestión del presidente Javier Milei que debió ceder y dejar en el camino a más de 200 artículos y hasta la columna vertebral de esta norma: el capítulo fiscal, al cual estaba atado un tercio del ajuste de 5 puntos del PBI para alcanzar el déficit cero.

El capítulo fiscal contemplaba la suba de las retenciones agropecuarias y una nueva fórmula previsional para calcular los haberes de los jubilados, así como el blanqueo de capitales y la moratoria, que ya había sido anticipada el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pero los cambios no se limitan a los acordados a lo largo de las últimas dos semanas, si no que siguieron ayer y seguro que se sumarán otros durante la votación en particular de la ley.

En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

En torno al Impuesto PAIS, se dispuso que no habrá prórroga para ese gravamen, que está vigente por 5 períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024. Se excluyeron además del dictamen el Régimen Impositivo de la Zona Fría y las Reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Otro de los cambios está vinculado con la eliminación del todo el capítulo conectado con la reforma política que incluía desde la eliminación de las PASO hasta la instauración del sistema de circunscripciones uninominales.

Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo de La Libertad Avanza es pasar a un cuarto intermedio luego de la aprobación en general, pero a entrada la noche aún faltan más de 100 oradores y la votación puede demorarse hasta las primeras horas de hoy jueves.

La sesión tuvo sus momentos de tensión cuando al mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomás Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales, presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y por la denuncia de UxP de la presencia de militantes de Revolución Federal.

La primera sesión de la gestión del presidente Javier Milei comenzó a las 10.30 luego que el oficialismo consiguiera la presencia de 137 diputados en el recinto y lograra ampliamente el quorum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el Pro, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

El secretario parlamentario Tomás Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones. Previo a comenzar el tratamiento, el bloque de UxP propuso que el dictamen de mayoría vuelva a comisión, pero esa propuesta fue rechazada por 149 a 103 votos.

De esta manera, el plenario legislativo abrió la discusión del dictamen de mayoría que tiene como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.

Las principales diferencias que aún persistían estaban centradas sobre la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar empresas públicas.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de "un shock de libertad para los argentinos".