Por no haber adoptado decisiones y mandado a ejecutar obras para la seguridad de las personas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Ministerio Público Fiscal en el ámbito de la Justicia Federal pidió que vayan a juicio oral y público el rector Oscar Nasisi y otros funcionarios de la casa de estudios. Les imputan el delito de homicidio culposo, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el caso del estudiante Fernando Reinoso, quien falleció el 8 de marzo de 2010 por una descarga eléctrica en un aula de Agrimensura. Las defensas de los acusados ya manifestaron su oposición al planteo y la nulidad del requerimiento, por lo que la palabra la tiene ahora el juez Leopoldo Rago Gallo.
Los otros imputados en la causa son Alfredo Daroni, José Fredy Baldivieso y Guillermo Daniel Coto, que cumplían distintas funciones en la casa de estudios y por eso el fiscal Federal Francisco Maldonado, que es el autor del pedido, también quiere que vayan a juicio (ver aparte).
Minutos antes de las 17 de aquel fatídico día, Reinoso fue alcanzado por una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte cuando tocó un ventilador de pie que estaba en cortocircuito. El joven, que tenía 32 años, estaba en el Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería, preparando la última materia práctica que le quedaba para recibirse de ingeniero agrimensor. Estaba casado y tenía dos hijos. Pericias posteriores habrían demostrado que el tablero principal no estaba en condiciones y que no habían elementos de protección.
En el escrito el fiscal señala que “el riesgo típico concretado en el resultado muerte de Reinoso hubiera sido neutralizado mediante la colocación de un disyuntor diferencial o descarga a tierra. Es decir, la muerte del estudiante no responde al mero infortunio sino a la ausencia de elementos de seguridad básicos y normativamente obligatorios que debe tener una instalación eléctrica edilicia”.
Al momento del infortunado accidente, Nasisi era el decano de Ingeniería y, según consta en la investigación judicial, “tenía conocimiento de la condiciones en la que se encontraba la facultad”. Era la máxima autoridad en la unidad académica y ejercía la superintendencia. Hay dos elementos que lo complican, según figura en el expediente. Por ejemplo, que en la Municipalidad de la Ciudad de San Juan no existían habilitaciones eléctricas del edificio donde funcionaba el aula en la que murió el estudiante. Y que la sala fue construida sin documentación técnica respaldatoria aprobada.
Aunque los delitos que le imputan al rector son excarcelables, es decir que no irá preso aún en el caso de ser encontrado culpable, hay otra causal que puede llegar a complicarlo. Y es que la condena contempla la inhabilitación por 5 a 10 años. Además, hay elecciones para renovación de autoridades en la casa de estudios, previstas para el próximo 8 de junio.