Una década después de haber sido comprado, de generar gastos por estar guardado en Buenos Aires en el depósito de los fabricantes, de enfrentamientos entre autoridades y vecinos y, también, luego de la sanción de una ley que prohíbe su instalación en la provincia, el polémico horno crematorio comprado por el municipio capitalino por fin llegará a la provincia dentro de aproximadamente un mes, según anticipó el intendente de Capital, Marcelo Lima. Y, según altas fuentes, sólo restan algunas formalidades para darle su destino final: el predio del cementerio municipal de 9 de Julio.

Esto es posible gracias a la cancelación de una deuda de 37.000 pesos que mantenía por su custodia la comuna de Capital con Incol Co SA, la empresa fabricante. Así, pagando sólo 1.000 pesos menos de lo que pagó por su compra, el municipio pudo liberar el equipo y tomar posesión. Lima aseguró que, si bien aún no se firma ningún acuerdo, las conversaciones con el intendente de 9 de Julio, Walberto Allende, están avanzadas.

De todos modos, tanto en Capital como en 9 de Julio fueron reservados en cuanto a dar detalles sobre el tema, ya que esperan la habilitación legal que les permita instalar el horno, hacer un proyecto de impacto ambiental y firmar un acuerdo. Por esto mismo, en el entorno de ambos intendentes mostraron cierto malestar por las declaraciones mediáticas de la diputada oficialista Lucía Gómez, en las que daba detalles de la instalación tras haber presentado un proyecto para derogar la ley 7.164, que en el 2001 prohibió la instalación de hornos crematorios. Se prevé que la aprobación de esa ley sea no más que una mera formalidad el próximo jueves, dado que es un proyecto del oficialismo, que tiene mayoría absoluta en la Legislatura.

El horno fue comprado durante la gestión de Alfredo Avelín Nolléns y todo este tiempo estuvo guardado en el depósito de la empresa fabricante. Desde que se empezó a hablar de su instalación, la mayoría de los vecinos de Capital se mostraron en contra, argumentando que el humo y los malos olores podrían afectar su calidad de vida. En el 2001, desde Diputados también intentaron frenar su habilitación mediante la sanción de la ley 7.164, que prohíbe expresamente la instalación y construcción de hornos crematorios. Pero ahora, desde Capital y 9 de Julio aseguran que el horno tiene la tecnología suficiente para no ser contaminante.