Legisladores opositores salieron ayer a rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado el miércoles por Javier Milei para encarar reformas económicas.
Radicales y peronistas expresaron sus objeciones al decreto que incluye una derogación de la Ley de Alquileres, una desregulación de las obras sociales, la habilitación de las privatizaciones y una reforma laboral.
"El presidente (Milei) debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente", expresó Martín Lousteau, senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).
El mecanismo para que el Congreso trate los DNU establece que el Poder Ejecutivo debe remitirlos en diez días a la comisión bicameral de trámite legislativo, integrada por 16 miembros (ocho diputados e igual cantidad de senadores) y es la que tiene la facultad de realizar el control de constitucionalidad de la medida. Este cuerpo tiene, a su vez, otros diez días para expedirse. De no hacerlo en ese plazo, el DNU queda habilitado para su tratamiento en ambas cámaras sin necesidad de un dictamen que lo habilite. Para declararlo inválido se requiere su repudio tanto en Diputados como en el Senado, pero mientras tanto estará en vigencia.
Desde el peronismo, el senador José Mayans, jefe del interbloque Unión por la Patria (UxP) en la Cámara Alta, pidió que "con urgencia" se constituya la comisión bicameral. "Estamos ante un gran y enorme fraude electoral. Todo el decreto es inconstitucional, pasó por encima de todos los poderes, esto es una política de entrega del país que beneficia a 10 vivos, ni la más mínima consideración para la gente", dijo Mayans.
En este contexto, el presidente preparaba un nuevo decreto de carácter correctivo. El motivo: se olvidó de establecer en el DNU que la norma regía desde ayer mismo.
Ayer, en distintas dependencias del Gobierno admitieron que el DNU recién tendrá aplicación plena luego de que pasen ocho días corridos, es decir desde el 29 de diciembre.
El mega decreto de desregulación económica y laboral de Javier Milei enfrenta un panorama incierto en el Congreso de la Nación. Al rechazo inmediato del peronismo, la Coalición Cívica y la izquierda, luego se sumaron voces críticas del radicalismo y los partidos provinciales, que si bien aclararon que comparten algunos de los objetivos de fondo, rechazan la forma en que decidió avanzar el gobierno libertario.
Teniendo en cuenta que el bloque de Unión por la Patria (peronismo) tiene 101 miembros y el Frente de Izquierda suma otras 5 bancas, un acuerdo político con el radicalismo (34 bancas), la Coalición Cívica (6 bancas) y Cambio Federal (9) le daría una mayoría holgada -155 votos- para rechazar el DNU en la Cámara Baja, ya que necesita 129.
En el Senado, tan sólo un acuerdo entre Unión por la Patria, que tiene 33 escaños, con el radicalismo, que cuenta con 13 bancas, permitiría superar los 37 votos para alcanzar la mayoría simple. Además, podrían sumar a Unidad Federal y Juntos Somos Río Negro.
Cualquier impugnación del Congreso puede demorar algunos meses. Y las impugnaciones que puedan hacerse en la Justicia, incluso con algunas prosperando en primera instancia, pueden demorarse con apelaciones y recursos. Mientras, el DNU seguirá vigente. Y hasta que la Corte Suprema de Justicia lo resuelva pasarán muchos años.
Los apoyos a las medidas
El presidente Milei confía en que la oposición no podrá alcanzar la mayoría en ambas cámaras. Aunque varios espacios opositores voten contra el DNU -como pueden ser la Coalición Cívica o un sector del radicalismo-, todos descuentan que el Pro apoyará su vigencia. Las voluntades, queda claro, no son cien por ciento unánimes.
Es por eso que, desde el punto de vista de Milei, el peligro no está en el Congreso argentino; sino en la Justicia. Hay que tener en cuenta que no puede haber una impugnación judicial contra todo el DNU en su conjunto, sino que cada sector afectado por una norma o artículo podrá impugnar uno o varios puntos en particular. En el Gobierno saben que el decreto se va a judicializar en las próximas semanas.
La CGT piensa movilizarse el 27: ¿habrá paro?
Tras el anuncio de la megainiciativa del presidente Javier Milei, que derogó cientos de leyes e impulsó la desregulación de distintos sectores de la economía, sobre todo el mercado de trabajo, los dirigentes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocaron a una reunión de urgencia para analizar qué medidas tomarán en respuesta al decreto de necesidad y urgencia (DNU). Entre las primeras medidas, lanzarían una movilización para el próximo miércoles 27 al palacio de Tribunales para pedir que se impugne el DNU anunciado por el mandatario argentino.
Además, no descartan llamar a un paro general, como reclamó la sociedad el miércoles pasado en las diversas concentraciones que tuvieron lugar en distintos puntos del país tras los anuncios.
El bloque peronista de diputados se reunió ayer con la CGT y acordó articular todas las acciones necesarias para que el Congreso rechace el DNU de desregulación económica impulsado por el Gobierno nacional.
"¿Cómo na va a haber clima para paro?", se preguntó antes de ingresar al Congreso el cotitular de la Confederación Genaral del Trabajo (CGT), Héctor Daer.