Tras el escándalo de los juicios por las expropiaciones de terrenos, que le han hecho perder millones de pesos a las arcas públicas y que le costó el puesto de fiscal de Estado a Mario Díaz, el gobernador José Luis Gioja designó en el cargo de fiscal de Estado adjunto a Guillermo De Sanctis, quien hasta ahora se venía desempeñando como su jefe de asesores. Como asesor, el abogado justicialista, por pedido del propio mandatario, había estado a cargo de una investigación por el tema que derivó en una denuncia que investiga la Justicia Penal.
De Sanctis ocupará por ahora el segundo cargo en importancia de la Fiscalía de Estado, encargada de defender los intereses de la provincia, y para el que sólo hace falta, después de la designación del gobernador, la ratificación legislativa. Y precisamente la Cámara de Diputados de la provincia está convocada para mañana, a las 10.30, a la primera sesión extraordinaria del año, para tratar primero la renuncia de Díaz y después la designación de De Sanctis. Lo que no quita que en futuro el asesor oficial pueda llegar a ocupar la titularidad de la Fiscalía si se anota en el listado que deberá tratar el Consejo de la Magistratura. Según fuentes oficiales, no hay impedimento para que vaya por el puesto.
No obstante esta posibilidad, el nombre de De Sanctis venía sonando para ocupar una vacante, cuando se produzca, por el retiro del algún miembro de la Corte de Justicia de la provincia.
Díaz terminó presentando la renuncia al cargo en el que fue designado por los diputados en enero de 2004, apenas empezaba el primer mandato de Gioja, el jueves 3 de febrero. Y Emilio Daneri, que era el adjunto, presentó su dimisión el lunes por la tarde.
La salida se dio justo en medio de la fuerte convulsión que desató el sonado asunto de las expropiaciones. La administración giojista había cesanteado a un abogado de Fiscalía de Estado por actuar de manera negligente en representación de la Provincia en los juicios e impulsó una denuncia penal ante la sospecha de que existe una red delictiva de jueces, funcionarios y abogados que inflan el precio de los inmuebles para sacarle plata de más a las arcas públicas. Fue por una investigación del propio De Sanctis, quien ya había sido abogado de la Fiscalía.
Díaz dijo que renunció "porque mi etapa está cumplida" y reconoció que el tema de las expropiaciones tuvo un valor clave.
Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador Gioja dijo que "confiamos plenamente en la capacidad y conocimiento jurídico del doctor De Sanctis".
A su turno, el nuevo funcionario sostuvo que "va a ser un placer trabajar en una casa con abogados, llevando la defensa del patrimonio de la Provincia".
El cargo de fiscal de Estado, en el que por ahora De Sanctis se va a mover desde su puesto de adjunto, implica una cuota de poder importante porque se trata nada menos que de dirigir el staff de abogados que defienden a la Provincia en los miles de juicios que la tienen como protagonista y donde hay millones de pesos en juego.
No es la primera misión pública que Gioja le encomienda a De Sanctis. Ya en septiembre del 2006 le había pedido que se hiciera cargo del Ministerio de Educación, por la salida de Pedro Mallea, pero ante el fuerte rechazo que generó su nombramiento en UDAP, el principal gremio docente de la provincia, terminó declinando el ofrecimiento poco antes de asumir.
El nuevo fiscal de Estado saldrá mediante un concurso en el Consejo de la Magistratura. Al igual que para designar a un juez, los aspirantes se anotan, el órgano conforma una terna que manda a la Legislatura y los diputados, por simple mayoría, eligen al nuevo funcionario. Bajo ese sistema, el oficialismo tiene ventaja, porque en Diputados cuenta con una amplia mayoría. En cambio, el fiscal adjunto es designado directamente por el gobernador, con acuerdo de los legisladores.