En la penúltima audiencia del juicio, la fiscal Leticia Ferrón de Rago pidió ayer que los exintendentes de Ullum Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortiz sea condenados a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Esto porque consideró que hay pruebas suficientes para declararlos culpables del delito de peculado, que es cuando un funcionario toma recursos públicos que están bajo su cuidado. Sin son encontrados responsables, ambos deberán dejar los cargos que ocupan hasta ahora, porque el primero es secretario del bloque oficialista en Diputados, mientras que el segundo está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos de la provincia.

Al igual que a los exfuncionarios, la fiscal pidió para Pedro Bravo, exencargado de Compras, y María Esther Reinoso, la por entonces tesorera de la comuna, una condena similar. En cambio, para el encargado del camping municipal Mario Serrano, la fiscalía solicitó un castigo de 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación porque sólo le imputan participación en un hecho y al resto en 4.

La defensa de los acusados, ejercida por Adrián Riveros y Ricardo Pozo para Gil, Ortiz y Bravo, y de Jorge Sánchez para Reinoso y Serrano, solicitó la absolución de los exfuncionarios con el argumento de que no hubo delitos porque no se registró la sustracción de dinero ya que los fondos fueron aplicados a realizar una serie de obras como arreglos en el camping municipal, la refacción de maquinarias, nivelación de suelos y la colocación de postes para alumbrado público.

La fiscal basó su acusación sosteniendo que los exfuncionarios utilizaron facturas de un talonario que se había extraviado, a nombre de Alberto Molina, que tenía una empresa de servicios, porque al momento de declarar dijo que no facturó ni hizo las tareas y que tampoco recibió pago alguno.

Ferrón de Rago aclaró que si bien los importes de las facturas, que ascendían a 3.690 pesos en la época en la que se habrían producidos los hechos, en 1998, no llegaban a ser una suma significativa, pasados los años y considerando su equivalencia con el dólar, serían 20.664 pesos, tomando el valor de la moneda estadounidense a 5,60 pesos. “Sumando los intereses de estos 15 años, sería una suma que puede llegar a sorprender”, dijo la fiscal.

En su descargo, los abogados defensores plantearon que no existen elementos suficientes para probar los delitos. Por ejemplo citaron que los trabajos sí se habrían hecho y que si bien los cheques correspondientes a los importes de las facturas habían sido confeccionados a nombre de los acusados, fue porque en Ullum no había sucursal bancaria y el servicio de colectivos era escaso. Por eso, para evitar que los proveedores del municipio se tuvieran que trasladar hasta la capital, era práctica habitual que los exfuncionarios los cobraran y después les entregaban el dinero a los prestadores de los servicios.

Riveros, uno de los defensores, incluso argumentó que Molina, el dueño del talonario extraviado, en realidad era un adversario político de la gestión municipal y que la intentó perjudicar. Por el contrario, sostuvo que le habría cedido las facturas a Hugo Albornoz, quien trabajaba con él. Por eso insistió con que no hubo sustracción de dinero.