�La Ley General del Ambiente, número 25.675, fue sancionada en noviembre de 2002 y entre sus propósitos señala la necesidad de lograr “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”. La ley tiene 35 artículos y en el número 22 establece la creación de un seguro ambiental y fondo de restauración. Según el texto, toda persona o empresa “que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos” tiene la obligación de contratar “un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”. También menciona un fondo de restauración para realizar “acciones de reparación”.
