En una semana plagada de novedades para el ambiente de la minería, ayer llegó a su fin el sumario administrativo que se inició por el derrame sucedido el año pasado en la mina Veladero. Tras una investigación de más de cinco meses, la gestión uñaquista determinó que Barrick incumplió diversos artículos del Código de Minería de la Nación y le aplicó una multa cercana a los 146.000.000 de pesos. El dinero será destinado al plan que está elaborando el Gobierno provincial para fortalecer los controles sobre la actividad minera, sobre todo en los grandes emprendimientos metalíferos. Fuentes calificadas aseguraron que la empresa no apelará y aceptará pagar ese monto.
Fue el mismo gobernador Sergio Uñac el que se encargó de comunicar la imposición de la multa, en una conferencia de prensa que brindó junto al vicegobernador Marcelo Lima y el ministro de Minería, Alberto Hensel. Era casi cantado que Barrick iba a tener que responder con sus propios recursos por su responsabilidad en el derrame del 12 de septiembre de 2015 y sólo faltaba saber cuál iba a ser la suma. Según la resolución 068 de la cartera minera, la cifra asciende exactamente a 145.696.000 pesos, lo que equivale a poco menos de 10.000.000 de dólares.
De acuerdo a lo que dijo Hensel, la plata se usará para darle más posibilidades de control al Estado. La gestión uñaquista anunció hace poco que comprará equipamiento (camionetas, laboratorios móviles) e incorporará personal para tener presencia permanente en las grandes minas en explotación y poder hacer monitoreos de todo tipo, y el dinero de la multa irá a cubrir esos costos.
La sanción llegó apenas unos días después de que el juez Pablo Oritja procesara a nueve empleados de Barrick en la causa penal que se disparó por el derrame y de la megaferia minera que se hizo en Canadá, que tuvo como protagonistas a Uñac y Hensel. Los dos fueron a buscar inversores para distintas áreas que hay por explorar en la provincia y se vinieron con mucho optimismo de cara al futuro, pero con la cabeza ya puesta en la finalización del sumario.
El Gobierno le formuló a Barrick seis cargos o faltas, lo que significa que lo acusa de haber violado normas que regulan la explotación metalífera y ser la culpable de la fuga del material tóxico. El primero es por no cumplir exigencias en materia de prevención y seguridad, el segundo es por no respetar medidas de control, el tercero responde a que la solución cianurada llegó al río Los Potrerillos y puso en riesgo la salud, el cuarto a que la empresa no comunicó inmediatamente el incidente a Minería, el quinto se debe a las demoras para poner toda la información a disposición de la Policía Minera y el sexto es por tardar en convocar al Comité de Comunicaciones para dar un alerta temprana. El primero es el mayor peso en el monto total, con 37.120.000 pesos.
La empresa tiene la posibilidad de pedirle a Minería que revea la resolución y si no tuviera suerte, ir a la Justicia como cuando fue multada en Chile por Pascual Lama. Sin embargo, no hizo mención a esa posibilidad en un comunicado que emitió apenas se enteró de la multa, lo que alienta lo que afirmaron las fuentes.