Adoptar las medidas necesarias para acotar las acciones delictivas no es una cuestión de controlar sensaciones sino de agresiones cotidianas a la vida de las personas, contra la propiedad privada y otros delitos que debilitan la seguridad y la paz que una sociedad civilizada necesita para crecer.

La realidad muestra que el objetivo del Gobierno nacional pareciera haber quedado sólo en las intenciones, porque ahora se niega que exista inseguridad o narcotráfico, pero lo cierto es que la actividad de los ladrones de bancos y los narcotraficantes avanza sin que nadie le ponga límites. El 2 de enero, un avión con 944 kilos de cocaína aterrizó en Barcelona y la eficaz acción de un juez catalán permitió el secuestro de la mercadería y la detención de los pilotos argentinos.

En cambio, en nuestro país, el oficialismo intentó tomar distancia del caso y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, afirmó que hay que respetar las instituciones y que no se puede acusar a la Fuerza Aérea. Es cierto que ni esa fuerza ni la Aduana ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria ni otros organismos tienen culpa de que se haya cometido el delito, pero no se puede negar que les corresponde alguna responsabilidad por no haber impedido la salida de semejante cargamento de droga.

El secuestro de 700 kilos de droga en el campo de un concejal justicialista en Formosa y el hallazgo de una pista de aterrizaje clandestina, utilizada recientemente, indica que los estupefacientes están proliferando en proporciones significativas. Por otra parte, un grupo de "boqueteros” violó más de 150 cajas de seguridad del Banco Provincia y se alzó con un botín cercano a los 20 millones de dólares. Las alarmas no detuvieron a los ladrones y tampoco la policía ha logrado encontrarlos. Otra banda se llevó 3 millones de pesos del Banco Galicia, a metros del Obelisco; y un menor de 15 años mató a un hombre en La Plata, pero no puede ser juzgado porque el Congreso nacional nunca reformó una vetusta ley que afirma que los menores de 16 años son inimputables.

Son demasiados hechos graves demostrativos de que faltan políticas de Estado para prevenir el flagelo de la inseguridad y las herramientas necesarias que les permitan a los jueces cumplir con sus deberes. A la creciente inseguridad se suma la decepcionante sensación de impunidad, revelando un grave peligro que debe ser desterrado sin retrasos.