La gestión uñaquista logró ayer cerrar sin inconvenientes el aumento salarial con un segundo bloque de gremios. Se trata de UPCN, ATSA, ATE, SOEME y Sitraviap, que representan a los estatales que cumplen tareas en distintas áreas de la administración pública. Pese a que los referentes de la mayoría de ellos habían señalado su disconformidad ante la propuesta oficial, al final cada una de las asambleas de delegados terminó aprobando el incremento del 32 por ciento retroactivo a febrero.
El Gobierno así ató otro acuerdo en la siempre difícil discusión para recomponer los haberes de los empleados públicos que se ven afectados por los efectos de la inflación. La semana pasada había arreglado con el sector docente y en el horizonte de las negociaciones quedan los profesionales de la salud, con el combativo Sindicato Médico a la cabeza y Asprosa. Fuentes calificadas informaron que el ministro de Salud, Cástor Sánchez, se reunió ayer con Daniel Sanna, titular del primer gremio, y al cierre de esta edición no había trascendido el resultado del encuentro dado que ninguno contestó los llamados de este medio. El sindicalista había adelantado que iban a rechazar la suba del 32 por ciento (Ver recuadro).
El OK de los 5 gremios estatales se concretó ayer, luego de que los representantes explicaran la propuesta a los delegados. En UPCN había caído bien la oferta oficial que esgrimió el martes el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. La opinión de ese gremio es decisiva, ya que es el que mayor peso tiene debido a que es el más numeroso de la provincia con 20 mil afiliados. Si bien venían manifestando que pedirían un 35 por ciento de piso, Gabriel Pacheco y Enrique Funes, secretario Adjunto y Gremial respectivamente, aceptaron 3 puntos menos porque el Gobierno propuso que la suba comience a regir a partir de febrero. “Es la primera vez que se aplica desde ese mes. Representa una grilla salarial completa que repercute en el resultado global”, señaló Funes, quien agregó que el porcentaje incide en los adicionales de los estatales. El gremialista indicó que “la gente entendió esto y se aprobó por unanimidad”.
Salvo UPCN, el resto de los sindicatos no habían visto con buenos ojos la propuesta, ya que aspiraban a un mayor porcentaje. Alfredo Duarte, secretario General de ATSA, había dado a conocer su disconformidad, pero dijo que la asamblea la terminó aceptando porque reconoció como positivo que el aumento sea retroactivo a febrero. Ese punto fue el que terminó inclinando la balanza en todos los gremios. Cristóbal Carrizo, secretario General de ATE, destacó que la propuesta fue “aceptada en disconformidad”. Por el lado de SOEME, Miguel Galarza, manifestó que el ofrecimiento resultó “un paliativo” para los trabajadores y explicó que no era conveniente plantarse en un 40 por ciento como solicitaban, dado que no había ánimo en la gente para sostener un paro”. Para Sitraviap (Viales) el ofrecimiento también era insuficiente, pero al final aceptaron el 32 por ciento, según informaron en Hacienda.
Tras el aumento que fijó el Gobierno, ahora vendrá el turno de los municipios, que suelen replicar el mismo porcentaje entre sus empleados de planta permanente. Para ello, habitualmente cuentan con ayuda financiera de la provincia. Además, el Poder Legislativo y el Judicial siguen el mismo camino, aunque con sus propios recursos.