El Gobierno nacional presentó ayer el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei.
Se trata de uno de los pasos que debían darse para que la justicia pueda avocarse a analizar la validez del capítulo cuestionado: una vez que el ministerio público fiscal emita su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la justicia laboral estará en condiciones de dictar sentencia.
"Solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial", se sostuvo en el informe.
En el texto de más de 90 páginas se señaló que las reformas laborales, en general, "consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral". En ese sentido, se remarcó que los indicadores que justificarían una reforma son los siguientes:
– El poder adquisitivo de los salarios del empleo asalariado registrado del sector privado se encuentra en uno de los niveles más bajos desde enero de 2009.
-La proporción de la población que ocupa un puesto de trabajo asalariado registrado del sector privado se encuentra por debajo de los porcentajes observados durante el período comprendido entre los años 2010 y 2018.
-La incidencia del empleo no registrado en el total del empleo asalariado es una de las más elevadas de los últimos quince años.