No es ninguna novedad que la Argentina tenga en estos últimos tiempos uno de los porcentajes más elevados de pobreza, lo que ha llevado al país a una situación extrema en la que una gran parte de la población -más del 40 por ciento- carece de los medios básicos necesarios para su subsistencia. Pero esta condición fue puesta en duda, hace unos días, por el presidente Alberto Fernández, al señalar que "la pobreza en el país está mal medida" y que si hubiese un 40% de pobres "la Argentina estaría estallada".
Las inapropiadas expresiones de Fernández no sólo han motivado el repudio de la mayoría de los sectores de la sociedad que se ven afectados por las precarias condiciones económicas en que se encuentra el país, sino que también han generado enérgicas reacciones desde el ámbito de la política y también del sector sindical, desde los cuales no se concibe que quien ha estado al frente del país en estos últimos cuatro años desconozca una realidad que es palpable.
Estos dichos también han dado lugar a que una abogada vinculada al kirchnerismo, Valeria Laura Carreras, denunciara al presidente por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" tras poner en duda los datos de la pobreza del país que proporciona el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), y solicitando que se le prohíba la salida de la Argentina a partir del 10 de diciembre que es cuando Fernández hará entrega del mando al nuevo presidente Javier Milei.
En su afán por justificar su mala gestión entorno a los índices de pobreza que fueron en aumento durante los últimos cuatro años, el presidente Fernández apuntó a la forma en que se mide esos índices, dejando de lado una realidad que es auténtica y que puede ser observada en la gran cantidad de villas y asentamientos distribuidos por todo el país.
"No hay peor ciego que el que no quiere ver" reza la frase bíblica que se aplica con acierto a la actitud de Fernández, quien en un intento por deslindar responsabilidades de una caótica gestión ha preferido recurrir a un tecnicismo como es el de la medición de la pobreza en vez de apiadarse de su pueblo, reconocer el mal proceder en materia de política económica y pedir las disculpas correspondientes por tan mala gestión.
Todos somos proclives a equivocarnos, pero cuando el error no se admite y se da lugar a la soberbia para justificarlo, la equivocación es doblemente perjudicial porque nunca se puede llegar a las auténticas causas que la generaron. En este caso decir que la situación de Argentina no es tan grave como parece, es una manera de minimizar las graves consecuencias sociales que la situación económica y financiera están provocando, y que el gobierno argentino no logró controlar estos últimos años.
Alberto Fernández se merece las más duras muestras de repudio de todos los sectores de la sociedad porque no ha sabido interpretar el papel que le corresponde ejercer a un mandatario hasta último momento, que es comprender la real situación de sufrimiento por la que atraviesa su pueblo y no intentar justificar los malos procedimientos.