El sistema de adopciones de chicos debería servir como un punto de encuentro entre niños que necesitan una familia y padres que desean un hijo, pero en la práctica no se logra. En la Argentina hay 21.468 menores a la espera de ser adoptados, según la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. De ese total, 10.342 viven en pequeños hogares, ONG o institutos, y otros 11.126 en los programas de acogimiento familiar a través de familias sustitutas. El tiempo que los chicos pasan allí antes de ser adoptados promedia los dos años.
En el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUA), figuran 1.444 inscriptos, pero sólo reúne información de la Capital Federal y de La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por lo tanto el número de quienes desean adoptar es muchísimo mayor. Sucede que, porque no firmaron convenio con el Gobierno nacional o porque, luego de firmarlo, no enviaron los datos correspondientes, a la par del RUA funcionan registros independientes en otras jurisdicciones en los que se anotan interesados en adoptar en sus provincias. De los inscriptos en el RUA el 91% acepta un niño menor de un año; sólo el 5,5% está dispuesto a recibir uno de ocho años y la cifra cae al 0,64% cuando se trata de un menor de 11 años. Además, sólo un 0,55% tiene disponibilidad adoptiva para pequeños con patologías complejas, y un 44,88% aceptaría grupos de hasta dos hermanos.
Con la sanción de la ley 26.061 de protección integral de la infancia, en 2005, se consagró como principal derecho del niño, el derecho a la identidad. La nueva norma instó a los distintos niveles del Estado a instrumentar políticas públicas de fortalecimiento familiar para lograr mantener a los menores con su familia nuclear y evitar la vulneración de otros derechos en el seno familiar, aunque aún es mucho lo que resta por hacer.
Por las desapariciones de personas, Argentina incrementó los sistemas de seguridad para asegurar la verdad biológica. Creó entes oficiales que controlan el proceso de adopción, pero devinieron en una burocracia que favorece la corrupción y mantiene a los niños en distintos lugares, sin familia de ningún tipo. El Estado debe procurar un sistema en el que no sea tan difícil adoptar legítimamente, y sancionar con severidad a las adopciones irregulares.