Dentro del plan de medidas que el Ministerio de Economía lanza para lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno busca modificar la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses y reemplazarla por un esquema de aumentos por decreto.
La propuesta del ministerio de Economía deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley. La postura del Gobierno es que el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley.
La Ley de Movilidad Previsional, que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
La propuesta del Gobierno consiste en reemplazar el sistema de actualización trimestral por un esquema de aumentos por decreto, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de determinar los incrementos de manera discrecional.
La postura del Gobierno se basa en la percepción de que el mecanismo de actualización vigente no fue efectivo para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas. Argumentan que la rigidez de la fórmula existente limitó la capacidad de ajuste necesario en situaciones económicas cambiantes.
En este sentido, proponen sustituir este enfoque preestablecido por aumentos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo, quienes determinarán los ajustes en función de su propio criterio y consideraciones económicas.
Esta iniciativa deberá ser tratada en el Congreso, ya que la fórmula de movilidad actual está regida por ley. Por eso, el Ministerio de Economía deberá enviar sus propuestas al parlamento para su análisis y eventual aprobación.