Por una presunta asociación ilícita integrada por abogados, médicos y un obrero, que fueron procesados por la sospecha de haber inventado casos de sorderas de trabajadores por su labor en la actividad calera para cobrar indemnizaciones de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó ampliar la investigación. En la mira hay 42 nuevos casos que corresponden a 3 empresas dedicadas a la explotación de calizas. Y para determinar si se trata de simulaciones, dispuso tomarles testimoniales al personal que supuestamente sufre esa patología y que se les hagan estudios médicos con la participación de una perito fonoaudióloga.

Según fuentes judiciales, no se descarta que los involucrados puedan tener participación en los nuevos ilícitos. Es porque los hechos que están ahora bajo la lupa del magistrado habrían tenido lugar en el marco de la misma actividad económica, la producción de cales, y con un modus operandi similar a los ilícitos ya investigados.

La sospecha en la Justicia es que se había formado una organización delictiva integrada por gente que se dedicaba a captar obreros mineros y hacerlos pasar como víctimas de enfermedades laborales, en este caso la sordera. Hacían los reclamos indemnizatorios a través de los abogados con la complicidad de los médicos, que simulaban estudios que certificaban las dolencias.

Los primeros casos saltaron a la luz cuando el 10 de marzo del 2008, el empresario Joaquín Ares, socio gerente de El Volcán, una calera de Albardón, presentó una denuncia penal. Fue ante la presunción de encontrarse ante una estafa contra la ART de la empresa por casos de hipoacusia (sordera), algunos de los cuales eran inventados y en otros el daño era menor al declarado. Ares comenzó a dudar cuando recibió una comunicación de La Segunda ART, la aseguradora de la firma, en la que se le informaba que le aumentaban la póliza en un 300 por ciento porque entre 2006 y 2007 se había convertido en generadora de gran cantidad de reclamos indemnizatorios, casi todos por problemas de audición. Por 16 reclamos, la aseguradora había tenido que abonar 422.122 pesos, aunque no se descarta que la cifra se pueda incrementar.

El que resultó perjudicado fue el llamado “Fondo de Fines Específicos”, al que aportan las ART para el pago de enfermedades laborales como la hipoacusia.

Tras la investigación, la causa decantó en el procesamiento de 4 abogados sanjuaninos, Juan Manuel Azcona Beltrán (34), Agustín Rodolfo Zumel Leaniz (34), Ernesto Daniel Clavijo Martín (41) y Waldino Fabián Acosta Gómez (47). A los dos primeros les imputan delitos contra la propiedad, la fe pública y contra el orden público y falsificación de documentos públicos, en 33 hechos delictivos. Y a Clavijo Martín y Acosta Gómez les atribuyen participación en delitos contra la fe pública y contra el orden público, en un total de 22 hechos delictivos.

Los médicos acusados de haber participado en los ilícitos como profesionales “actuantes” son Carlos Manuel Delera Soldevila (57), nacido en Carlos Paz, Córdoba; Gustavo Adolfo García Larsen (49), domiciliado en Yerba Buena, Tucumán, y Roberto Andrés Moya Ruiz (41), quien vive en Rivadavia y es nacido en Buenos Aires. A Delera le imputan 19 hechos delictivos contra la fe pública y 12 hechos delictivos contra la propiedad. A García le atribuyen haber formado parte en 6 hechos delictivos contra la fe pública y en 5 hechos como partícipe necesario de delitos contra propiedad, además de integrante de la asociación ilícita. En el caso de Moya lo acusan de haber participado en 4 hechos delictivos, 3 contra la fe pública y 1 contra la seguridad pública, además de integrante de la asociación ilícita.

El único obrero procesado es Orlando Cipriano Luna Videla (56), de Sarmiento, empleado de la calera Massut. Le imputan 17 hechos de delitos contra la fe pública, 7 hechos contra la propiedad y coautor en 42 hechos contra la propiedad.

Los delitos que se les atribuyen a los acusados son excarcelables, pero si se comprueba que alguno de ellos lideraba la asociación ilícita, podría ser encarcelado.

Ahora, el juez Rago Gallo sospecha que las causas por indemnizaciones mal liquidadas podrían ser mayores y por eso dispuso ampliar la investigación a 42 nuevos casos que corresponden a las canteras San Juan SA, Vicente Albors y Coria SA y FGH SA, con cobertura de las ART Asociart, QBE y Prevención ART.

Para ampliar detalles, le solicitó a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación que le envíe los expedientes administrativos de cada reclamo.