Un duro informe elaborado por ocho ex secretarios de Energía muestra un diagnostico preocupante. En él se indica que la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5.300 megavatios nuevos de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que producirían ocho usinas como Atucha. Eso habría costado 8.000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Los ex funcionarios afirman que la demanda eléctrica subió en aquel lapso de siete años 41%, mientras que la generación lo hacía sólo 21 %, provocando aumento de costos y restricciones de oferta. Esa es la razón por la cual todos los inviernos, desde 2007, el Gobierno solicita a las empresas que consuman menos electricidad los días críticos. El informe también es duro en las palabras elegidas. Afirma que "la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signado por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones”. El documento es concluyente cuando, en busca de parámetros, compara la situación local con la de otros países de la región. Allí se descubre que entre 2003 y 2010 la Argentina fue el único país de América latina en que la producción de energía primaria, englobando al petróleo y al gas, bajó 7 %, según datos de la Comisión Económica para América latina (Cepal), un organismo que al evaluar otros aspectos de la política económica local ha sido elogioso con el Gobierno. Quedan a la vista las consecuencias de una política energética limitada a motivaciones de corto plazo.
Las prevenciones que desde hace un tiempo vienen haciendo públicas numerosos especialistas, no fueron escuchadas e incluso desde el Gobierno fueron tachadas de malintencionadas o meramente agoreras. Hoy se comprueba que había razón en las críticas y que, por no haberse corregido los errores en su momento, se requerirán esfuerzo y tiempos mayores para reparar el daño.
Mientras tanto, las dificultades de suministro continuarán y habrá un gasto de divisas para importar lo que hubiera podido producirse en el país, con todas las ventajas que esto hubiera implicado para la Argentina.